El PSC ha recuperado la Diputación de Barcelona después de ocho años de gobierno de los ex-convergentes al ente provincial. Núria Marín, la alcaldesa socialista de L'Hospitalet de Llobregat ocupará la presidencia de la Diputación en el mandato que empieza este jueves en el pleno de constitución del nuevo ente. A pesar de que el PSC ha podido negociar a diferentes bandas finalmente se ha decantado por el pacto con los ex-convergentes de JxCat. Un pacto que probablemente ha estado mal visto por Quim Torra, pero que es el retorno de JxCat a ERC, que ha pactado con los socialistas para conseguir las alcaldías emblemáticas de Sant Cugat del Vallès, Tàrrega o Figueres.

Los tres últimos presidentes convergentes de la Diputación de Barcelona (Salvador Esteve, Mercè Conesa y Marc Castells), en los ocho años de mandato, han procedido al desmantelamiento de varios organismos: desde COMRàdio hasta la Cooperación Internacional, depurando profesionales y arrinconándolos en despachos sin darlos trabajo. Otro de los proyectos de JxCat y ERC en el último mandato fue intentar convertir las Oficinas de Gestión Tributaria provinciales en la semilla de "la estructura de Estado" de la agencia tributaria catalana, lo cual no cuajó al tratarse de diferentes administraciones y por la oposición de los funcionarios, que veían peligrar sus puestos de trabajo bien retribuidos.

La Diputación de Barcelona ha servido siempre para que la institución contrate personal eventual de las diferentes formaciones políticas, que actúan como liberados. En el último mandato (2015-2019), los diferentes grupos han tenido 82 cargos de confianza, lo cual ha supuesto un gasto de 4,9 millones de euros. Entre estos cargos se puede destacar al expresidente socialista de la Diputación, Antoni Fogué, o la ex-regidora en Girona, Pia Bosch (que pasó del PSC a ERC siguiendo los pasos de Ernest Maragall). Entre los neoconvergents se pueden encontrar ex-altos cargos de la Generalitat, mientras que el PP también ha colocado a su ex-candidata en Girona, por ejemplo. Otro cargo de confianza es la jefa de prensa, Mònica Gallardo, que ha encabezado la lista de Junts en Sitges (Barcelona), la localidad donde vive.

Pero, probablemente una de las gestiones más controvertidas del paso de JxCat por la presidencia de la Diputación de Barcelona ha sido la política informativa. Desmanteló COMRàdio, despidiendo profesionales de gran valía y destinó todos los recursos a la red de televisiones locales (XAL). Por eso, Francesc Homs, entonces todopoderoso consejero de Presidencia de la Generalitat (2011), puso al frente a un amigo suyo del pueblo de Taradell, Francesc Pena que, sin saber nada de comunicación, ha tenido una gestión errática de decisiones y de nombramientos, con ceses en masa con los cuales depuraba profesionales sospechosos de ser "rojos".

Además, ha contratado a Marcela Topor, la mujer de Carles Puigdemont, con un sueldo bastante elevado, 6.000 euros por hacer un programa semanal en inglés, un trabajo de los mejor pagados de la profesión periodística en Cataluña que Pena intentó esconder. La oposición ha calificado este fichaje de "trato de favor". Francesc Pena, que está esperando el relevo porque ya ha finalizado el último mandato, ha actuado como censor hasta el último momento. Justo antes de la campaña electoral de las pasadas municipales prohibió a los periodistas de la XAL que hicieran información sobre los comicios. Esta decisión fue criticada por todas las asociaciones profesionales, pero él no aflojó. Entre otras ocupaciones, los nuevos responsables de la Diputación tendrán que encontrar un profesional que reconduzca la enorme chapuza que ha provocado Pena.