El informe del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria, que considera arbitraria la privación de libertad de los Jordis y de Oriol Junqueras e insta a España a excarcelarlos e indemnizarlos, ha causado malestar en el gobierno español, que ha solicitado una auditoría a la ONU sobre el funcionamiento del grupo y ha contraatacado con un comunicado crítico.

El ejecutivo que preside Pedro Sánchez cuestiona la independencia y la imparcialidad del grupo de trabajo, al que reprocha que ha elaborado su informe sin saber los delitos de los que se acusa a los dirigentes del proceso. Además, considera que el informe "pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios".

También lo desacredita esgrimiendo que sus autores consideran que es legal en España convocar un referéndum sobre la independencia, además de indicar que omiten la importancia de la separación de poderes, y destaca que se haya emitido el informe cuando se está celebrando el juicio en el Tribunal Supremo, que pronto quedará visto para sentencia.

Otra crítica pone la lupa en que el documento considere que se está juzgando a los dirigentes del proceso por sus ideas "y no por sus actos, obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan idees independentistas no son perseguidos por la justicia".