Nuevo fracaso del Gobierno de Quim Torra. La renta garantizada no existe en realidad. El independentismo no aplica ni las medidas que él mismo aprueba o bien que ha heredado de su antecesor Carles Puigdemont. A pesar de que cada martes después de la reunión del Consejo Ejecutivo la portavoz explica numerosos planes, a menudo acompañada de un compañero, lo cierto es que después no hay concreción.

Una de las "estructuras de Estado" de los gobiernos independentistas, la renta garantizada de ciudadanía, ha sido un fracaso en su despliegue. Incluso el mismo ejecutivo ha reconocido que no dispone de los recursos necesarios y ha tenido que contratar a una empresa privada, externalizando, así, sus servicios.

El consejero responsable, Chakir El Homradi, ya no tiene argumentos para responder a la oposición. No sólo es la renta garantizada. Todo lo relacionado con la gente mayor y la dependencia también se ha convertido en un agujero negro.

En 2017 el Gobierno de Puigdemont se comprometió a presentar un anteproyecto de la ley de la gente mayor. Todavía no se ha hecho después de dos años. La gente mayor tendría que poder acceder en una plaza de residencia pública cerca de su casa. Pero a estas alturas no es posible, porque la Generalitat no ha incrementado las prestaciones vinculadas a residencia y, a la vez, un incremento de las plazas.

Otro punto en lo referente a la gente mayor es que no se garantiza una buena atención de las personas que viven en residencias. Se han denunciado problemas en la gestión de diferentes residencias donde la comida no sería la correcta, así como se incumpliría con las ratios y los servicios médicos y sanitarios tampoco serían los más adecuados.

Finalmente, y a pesar de todas las ruedas de prensa, Cataluña lidera la lista de espera de personas que tienen derecho a una prestación por dependencia.

Todas estas carencias se deben de a la inexistencia del presupuesto de la Generalitat. A pesar de que según la normativa el Consejo Ejecutivo ya tendría que haber aprobado el presupuesto y entregado en el Parlament para su tramitación, a estas alturas todavía no se ha hecho.

El vicepresidente Pere Aragonès parece que sigue la estrategia del año pasado, cuando el Gobierno no lo aprobó. De momento, se sigue con las cuentas de 2017, aprobadas gracias a la CUP a cambio de la celebración de la consulta del 1-O y las "leyes de desconexión". Ahora, pero, todo ha quedado parado hasta que no se constituya el Gobierno español.