El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, ha respondido con evasivas a las preguntas que le formuló el equipo promotor de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para saber las razones que lo han llevado a contratar a la consultora Deloitte para gestionarla. La mayor parte de las respuestas del departamento de Trabajo, firmadas por el director general de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa, Josep Vidal, se limitan a remitir al pliego de cláusulas que se incorporaron al contrato firmado con Deloitte. El valor estimado del contrato es de 1.117.616 euros, repartidos entre un presupuesto máximo de licitación de 587.080 euros y una prórroga de la misma cantidad.
El departamento reconoce en estas cláusulas que "se considera necesario la contratación del servicio de apoyo a la gestión de los procesos vinculados a la prestación de la RGC para garantizar el funcionamiento correcto de la gestión de esta prestación". El funcionamiento incorrecto de la gestión llevada desde septiembre de 2017, que es cuando se empezó a aplicar la Renta Garantizada, ha sido denunciado reiteradamente por el equipo promotor de la RGC y por los partidos de la oposición. Han criticado especialmente el elevadísimo número de prestaciones rechazadas por el departamento que dirige El Homrani. Dicho departamento, sin embargo, no asume ninguna responsabilidad por el fracaso y la frustración causados por la puesta en marcha de una Renta que nació con la expectativa de ser una herramienta útil para combatir la pobreza en Catalunya y que, al fin y al cabo, ha beneficiado a menos personas que la desaparecida Renta Mínima de Inserción.
La función principal de los cinco empleados de Deloitte que se han integrado en el área que tramita las solicitudes de RGC tienen, según el pliego de prescripciones del contrato mencionado, "la función principal de poder garantizar una eficiente gestión de la prestación". Eficiente gestión que, por tanto, se asume que no se ha dado hasta ahora y que ha comportado que la diputada de Catalunya en Comú Podem Marta Ribas pidiera la dimisión de Chakir el Homrani em el Pleno parlamentario del pasado 10 de julio.
El Grupo Promotor de la RGC pedirá al Síndic de Greuges que obligue al departamento de Trabajo a aportar más información y más exacta de cómo se gasta y qué utilidad tiene el millón de euros largo que ha pagado a Deloitte. De momento, la gestión de la prestación continúa siendo tan mala como siempre.
