El gobierno central ha decidido recorrer ante el Tribunal Constitucional (TC) la creación de la comisión de investigación del Parlamento de Cataluña sobre la Monarquía. Esta comisión pretende investigar las "actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real".

Esta comisión se creó el jueves de la semana pasada en la cámara catalana con los apoyos de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, y contó con los votos en contra de Ciudadanos, PSC y PPC.

El ejecutivo de Pedro Sánchez argumenta el recurso contra el TC al considerar que el reglamento del Parlament deja claro que las comisiones de investigación de esta cámara sólo pueden abordar "asuntos de interés público que sean competencia de la Generalitat", y la Monarquía no está contemplada.

Si cómo se prevé el Constitucional admite a trámite el recurso del gobierno del Estado, esta comisión que aún no se ha constituido quedará suspendida. Previamente a presentar el recurso, el ejecutivo central tiene que pedir el informe preceptivo al Consejo de Estado, a pesar de que este no es vinculante.

Se da la circunstancia que el ejecutivo de Sánchez ya recorrió ante el TC la resolución del Parlament en la cual condenaba el posicionamiento del rey Felipe VI después de la consulta independentista del 1-O y pedía la abolición de la Monarquía española.

En aquella ocasión, el Consejo de Estado se mostró contrario a la presentación del recurso al considerar que la declaración del Parlament era puramente declarativa y sin efectos legales. Aún así, el gobierno central siguió con el recurso ante el TC.

La comisión de investigación del Parlamento catalán sobre la Monarquía pretendía indagar en las "actuaciones destinadas a forzar el traslado de domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña" después del referéndum del 1-O, investigar las "estructuras de corrupción vinculadas a la Familia Real española" y estudiar las "presuntas cuentas irregulares de la anterior jefe del Estado en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas".

Ciudadanos, socialistas y populares ya habían impedido en septiembre pasado la creación de una comisión similar en el Congreso de los Diputados argumentando que esta cámara tampoco tenía competencias para investigar al jefe del Estado, afirmando que el Poder Legislativo, controla al Ejecutivo pero no a la Jefatura del Estado.