Como líder indiscutible de Junts por Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont ha tenido que beber el amargo cáliz de apoyar la investidura de la alcaldesa socialista de l’Hospitalet, Núria Marín, como nueva presidenta de la Diputación de Barcelona. Una decisión que amplios sectores del independentismo –empezando por ERC- consideran incomprensible y como una “gravísima traición” a la causa.

La aureola de referente incorruptible del 1-O y de la vindicación independentista que Carles Puigdemont ha intentado cultivar desde hace casi dos años se ha ido a pique este fatídico 11 de julio. Su sepulcral silencio sobre la votación de la Diputación de Barcelona en Twitter, red social que el ex presidente de la Generalitat utiliza intensamente, ha sido interpretado como una aquiescencia con la polémica decisión adoptada por JxCat.

Y es que Carles Puigdemont tiene una dificilísima posición en relación con la Diputación de Barcelona. Como ya ha publicado EL TRIANGLE, su mujer, Marcela Topor, mantiene un contrato con la Xarxa Audiovisual Local (XAL) –organismo dependiente de la corporación provincial- para la realización de una tertulia semanal en lengua inglesa que le aporta unos ingresos mensuales de 6.000 euros.

Estos 6.000 euros son de vital importancia para la manutención de su familia, y más desde que el ex presidente de la Generalitat no ha podido recoger su acta como eurodiputado, condición que le habría garantizado unos ingresos suficientes para poder llevar todos una vida digna (el salario de un eurodiputado supera los 105.000 euros anuales).

Las finanzas de la familia Puigdemont no son para echar cohetes. A finales del 2017, cuando fue escogido diputado en el Parlamento de Cataluña, declaraba tener en las cuentas corrientes 10.885 euros. Además, tenía que hacer frente a una hipoteca por la compra del chalé del golf de Sant Julià de Ramis, de la cual todavía quedaban pendientes de amortizar más de 100.000 euros, y al retorno de un préstamo personal de 14.253 euros.

Estas deudas las tiene que asumir su mujer, Marcela Topor, que también tiene a su cargo las dos hijas menores de edad que tiene la pareja. Oficialmente, Carles Puigdemont no tiene oficio ni beneficio y, actualmente, no cobra ningún salario. Su estancia en Waterloo la cubren los donativos que recauda, vía Internet, el Consejo por la República y que, en cualquier momento, pueden generar una severa actuación fiscal por parte de las autoridades belgas.

En este contexto, el contrato de Marcela Topor con la XAL es la única vía regular de ingresos que tiene la familia del ex presidente de la Generalitat para sobrevivir. Con las cosas de comer no se juega y Carles Puigdemont ha bendecido implícitamente el apoyo de JxCat a la elección de la socialista  Núria Marín como presidenta de la Diputación de Barcelona, con la esperanza que su mujer continuará disfrutando de la “paguita” de los 6.000 euros mensuales de la XAL. Veremos.

En todo caso, Carles Puigdemont queda en una posición incomodísima ante la legión de independentistas que, hasta ahora, le daban una confianza ciega y que ahora se consideran traicionados y desorientados. La Diputación de Barcelona tendrá que nombrar un nuevo responsable de la XAL –el anterior, Francesc Pena, ha agotado su mandato de ocho años- y éste tendrá que decidir si renueva o no el contrato de Marcela Topor. Tome la decisión que tome, será polémica y pondrá todavía más de manifiesto los intereses espurios de Carles Puigdemont en este pacto de JxCat con el PSC que ha facilitado la elección de Núria Marín como flamante presidenta de la institución de la rambla de Cataluña.