En el trasfondo del caso de las ITV hay un conflicto de intereses empresariales que ha quedado camuflado por la imputación de Oriol Pujol. En el marco de la Unión Europea este sector está liberalizado… excepto en el territorio de Cataluña, donde todavía no ha sido aplicada la directiva Bolkestein. Esto hace que las cinco empresas que tienen las concesiones de las ITV de Cataluña se repartan el pastel, sin miedo a que les venga a molestar la competencia.
Esta anomalía tenía que quedar resuelta con la aprobación del reglamento de la ley de seguridad industrial, que está parado desde hace más de dos años con la excusa de los avatares y de los cambios en la consejería de empresa. Quién sale más beneficiada de esta insólita situación es la empresa Applus , que explota 26 de las 50 estaciones de ITV que hay en Cataluña. Para garantizar su influencia ante la Generalitat, Applus fichó, en 2012, David Madí -hombre clave del hueso processista- como vicepresidente sénior.
Una de las obsesiones de los implicados en el caso de las ITV, como reflejan las conversaciones telefónicas intervenidas, era evitar la liberalización de este sector en Cataluña y continuar con el régimen concessional.
