El Sindicat de Llogateres i Llogaters (sindicato de arrendatarios)  considera "ridículo" que se haya agotado en dos semanas la partida económica que se ha dedicado a pagar el alquiler de las familias vulnerables que no lo puedan hacer a raíz de la crisis causada por la pandemia de la Covid-19. Así lo ha manifestado la portavoz de esta organización, Marta Ill, en declaraciones EL TRIANGLE. Este colapso del sistema de concesión de las ayudas hará que miles de familias no puedan acceder a ellas. Ill cree que muchas de las personas que estos días han engrosado las colas que se forman para recoger alimentos de forma gratuita sufren las consecuencias de tener que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida y otros productos de primera necesidad. El sindicato apuesta por una "huelga de pagos" a partir del mes de abril. "Cada vez hay más gente que no puede pagar el alquiler", ha explicado su portavoz.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat ha paralizado este jueves 4 de junio la aceptación de solicitudes de la ayuda para pagar el alquiler por parte de familias vulnerables. La convocatoria se abrió el 19 de mayo y hasta lunes se habían presentado 14.395 solicitudes.. La consejería que dirige Damià Calvet ha comunicado a los ayuntamientos que tramitaban las solicitudes que dejen de hacerlo porque ya se han superado los 14,5 millones de euros aportados por el gobierno español con los que estaba dotada la convocatoria. Estas ayudas están dirigidas a familias que se encuentren en situación de paro, con miembros que han sufrido una expediente de regulación de ocupación o una reducción de la jornada laboral o de sus ingresos a raíz de la pandemia.

Las ayudas son por un máximo de seis mensualidades y su tope máximo es de 750 euros en la ciudad y provincia de Barcelona, de 500 euros en la provincia de Girona y parte de la de Tarragona, de 450 en la de Lleida y de 350 euros en la demarcación de las Terres de l'Ebre. Los beneficiarios tienen que justificar que su situación económica ha empeorado como consecuencia de los efectos de la pandemia de la Covid-19. El gobierno catalán dijo que concedería las ayudas por orden riguroso de entrada de las solicitudes en los ayuntamientos correspondientes. Territorio i Sostenibilidad ha reclamado al gobierno central, en un comunicado que hizo público ayer, 4 de junio, que amplíe la partida pra esta finalidad hasta los 29 millones de euros.

La comunidad de Madrid se topó con el mismo problema. Recibió 15,9 millones de euros para ayudar a las familias vulnerables a pagar su alquiler y en 9 días se recibieron 3.071 solicitudes que agotaron ese dinero. Igual que la Generalitat, la Comunitat de Madrid también ha pedido que se amplíe la partida que el ejecutivo español ha dedicado a esta cuestión. En total, la línea abierta por el gobierno de Pedro Sánchez para pagar alquileres de familias vulnerables es de 100 millones de euros en todo el Estado.

El Sindicat de Llogateres i Llogaters, a pesar de que informa a las personas que se dirigen a él de la existencia de esta convocatoria de ayudas, considera que es insuficiente para hacer frente a la magnitud del problema y que acaba beneficiando con dinero público a las grandes empresas inmobiliarias que son propietarias de muchas viviendas.