El gobierno de la Generalitat de Cataluña que presidía Carles Puigdemont elaboró un censo usando los datos de un registro de vehículos, según las conclusiones de un informe de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos del ex-responsable de Hacienda Lluís Salvadó, publica Vozpópuli.
Esta información, en concreto, indica «presuntamente» que el censo de población se estaba generando aprovechando la creación del censo de vehículos, un hallazgo que se enmarca en las indagaciones sobre la asunción de nuevos impuestos prevista, aparentemente, por la Hacienda catalana de una eventual República independiente.
Algunos medios habían apuntado, en ese sentido, los planes del anterior gobierno de la Generalitat para recaudar impuestos que son actualmente responsabilidad del Ministerio de Hacienda, que encabeza Cristóbal Montoro.
«Platino» Puigdemont
Este martes, por otro lado, El Mundo revela que el nombre en clave con el que los Mossos d’Esquadra se referían al ex-presidente Carles Puigdemont era «Platino«, según las conversaciones que la Guardia Civil está investigando por las sospechas de que la policía catalana permitió la celebración de la votación del 1-O.
El informe de la Guardia Civil sobre aquellas comunicaciones, además, señala que en numerosas oportunidades los Mossos se dedicaron más a hacer seguimiento de la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil que de impedir el 1-O.
El voto electrónico
En cuanto al voto electrónico de aquella jornada, dos técnicos que trabajaron en un proyecto para hacerlo posible han explicado en su comparecencia en los juzgados, este sábado, la reunión que mantuvieron el pasado mes de agosto en el Palacio de la Generalitat con Puigdemont, el entonces vicepresidente Oriol Junqueras y la número dos de ERC y portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira.
Han declarado, según revela El Confidencial, que el enlace que los contactó para aquel trabajo era Xavier Vendrell, ex-consejero de ERC, y que en la reunión con Puigdemont, Junqueras y Rovira les aseguraron que el trabajo que les proponían era legal porque lo amparaba la legislación catalana.
Además, han explicado que el proyecto tenía un presupuesto de 500.000 euros, pero que no se materializó: el Tribunal Constitucional presionaba y, según han dicho, ni los estaban pagando ni querían problemas. Una incógnita de aquel proyecto frustrado es el origen del medio millón de euros con que se tenía que pagar.
