El Valle de Arán es un territorio muy querido. Como periodista, seguí y me impliqué, desde los años 80, en su combate por preservar la lengua occitana que hablan y sus instituciones y fueros históricos. Esto se acabó concretando en la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la Ley de Aran, en 1990, y la restitución del Conselh Generau, su órgano de autogobierno. Con posterioridad, en 2015, se ampliaron sus competencias y se reforzó la protección del aranés a través de una nueva ley.
El Arán es una excepción geográfica y política. Es el único valle de Cataluña orientado al Atlántico y, por lo tanto, lo lógico es que estuviera bajo administración francesa. Pero sus habitantes decidieron, en el siglo XV, sellar un pacto de adhesión a Cataluña, preservando su autonomía. Con la división provincial de España (1833), el Arán perdió su singularidad política y quedó integrada en la demarcación de Lleida.
Con la apertura del túnel de Vielha (1948), el valle quedó salvado de su crónico aislamiento invernal. Pero esto no impidió que el sentimiento aranés menguara ni que se continuara hablando la lengua occitana. Al contrario. La recuperación de las libertades democráticas en el Estado español estuvo acompañada, en el caso del Valle de Arán, por la reivindicación de las antiguas instituciones que habían sido liquidadas y una generación de jóvenes creó el partido Unitat d’Aran para conseguirlo.
Ahora, el Gobierno de la Generalitat y el Conselh Generau, dirigido por Unitat d’Aran, han firmado un acuerdo muy potente: el establecimiento de un sistema de financiación singular, fijado en 47,2 millones de euros, que contempla la corresponsabilidad fiscal y que permitirá incrementar el bienestar social de sus 10.000 habitantes. Este hito se añade a otros de emblemáticos, como la consideración del aranés como lengua oficial de Cataluña, pero tiene el valor que se traduce en dotaciones económicas concretas.
Para ponerlo en contexto: el Consejo Comarcal del Pallars Jussà -con una población de 14.000 habitantes- tiene un presupuesto de 15 millones de euros. La lucha del Arán, en democracia, ha sido, precisamente, no quedar asimilado a una comarca más de las 41 que tiene Cataluña. El Conselh Generau no es un Consejo Comarcal: es un gobierno autónomo que administra una “entidad territorial singular”. Por eso, sus competencias y su presupuesto son mucho más amplias y superiores.
La síndica de Arán, Maria Vergés, ha calificado este acuerdo de financiación con la Generalitat de “histórico”, puesto que permitirá fortalecer los servicios públicos, la lengua y la cultura occitanas e impulsar políticas propias de vivienda. Pero su trascendencia va mucho más allá de las cumbres del valle e invita a la esperanza.
El pacto Generalitat-Conselh Generau demuestra que el federalismo no es un concepto nostálgico ni una entelequia de políticos utópicos. La organización federal se basa en los principios de proximidad, subsidiariedad y lealtad institucional. Estableciendo una financiación especial para el Valle de Arán, para que pueda gestionar plenamente sus competencias fijadas por ley, el Gobierno deSalvador Illa–un convencido federalista– predica con el ejemplo.
El pacto bilateral alcanzado entre la Generalitat y el Conselh Generau es un referente para perseverar en la vertebración, en clave federal, de España, Iberia y la Unión Europea. Es el mismo tipo de pacto que tienen, salvo las distancias y las magnitudes, Canadá y Quebec.
El federalismo es como un juego de muñecas rusas y es la antítesis del centralismo, que es la vía directa al autoritarismo. Su fortaleza radica en la existencia de una arquitectura constitucional consensuada que distribuye democráticamente y de manera precisa las competencias entre el Gobierno del Estado, los territorios federados -con especial atención a los que tienen rasgos culturales diferenciados- y los municipios.
Este ideal político, preconizado por Montesquieu y, después, por los anarquistas de Pierre-Joseph Proudhon, ha cuajado en muchos países del mundo: Estados Unidos, Alemania y Suiza son los ejemplos más conocidos de federalismo. Pero también tienen fórmulas de gobierno federal países como Australia, Austria, Argentina, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Canadá, Etiopía, India, Irak, México, Nigeria, Pakistán, Rusia, Venezuela…
España, sin ser formalmente un Estado federal, tiene un sistema autonómico que se le acerca mucho. Nos haría falta, entre otras cosas, que el Senado se convirtiera en una Cámara de representación territorial. Lo mismo pasa con el Reino Unido, donde Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte tienen amplias competencias de autogobierno.
El proyecto europeo nació con un impulso federal, pero las reticencias y el egoísmo de algunos estados miembros han impedido que la Unión Europea evolucione, de momento, hacia unos nuevos Estados Unidos de Europa. Además, la efervescencia de los nacionalismos populistas de extrema derecha -amparada por Donald Trump– boicotea el proyecto de unificación y promueve el debilitamiento del bloque europeo. De entrada, nos falta una Constitución y un Parlamento soberano, con capacidad para elegir el Gobierno y legislar con plenos poderes, y es preciso que los grandes partidos -democristianos, socialistas, liberales y ecologistas- intensifiquen los esfuerzos para compactar esta realidad geopolítica de 450 millones de ciudadanos, más necesaria que nunca.
En el mundo no habrá paz hasta que la Organización de las Naciones Unidas no se transforme en una verdadera confederación fraternal de países. Pero esto es harina de otro costal… y todo llega.
