A pesar de que Jordi Pujol no ha sido nunca santo de mi devoción, no puedo evitar verlo ahora como un anciano de 95 años —es la edad que tiene—: decrépito y castigado por el paso del tiempo. Su paso por la Audiencia Nacional de Madrid es una imagen desagradable, que la justicia se hubiera podido ahorrar. Pero el juez José Ricardo de Prada —con fama de ecuánime— no ha querido perderse la estampa del nonagenario expresidente —pieza de caza mayor—, deambulando desorientado con tacataca por la sede judicial.
Inicialmente, la venda en los ojos de la justicia fue una crítica: indicaba que era corrupta o ignorante —que no veía. Con el tiempo, el significado se invirtió y se consolidó como valor positivo. Actualmente, la ceguera judicial quiere decir que es imparcial: que no tiene en cuenta la riqueza, el poder, la raza o el estatus. U objetiva: que juzga solo según las pruebas o la ley.
El espectáculo judicial de estos días de Pujol —ignorando los informes de los especialistas que indicaban que no está capacitado para afrontar un juicio, ni para viajar— tiene una lectura política evidente. Antes de exonerarlo del juicio por su estado físico y psíquico, había que removerlo un poco. Exhibirlo. Recordarlo. Quizá también escenificar un final.
Y aquí es donde hay que hacer un ejercicio incómodo, pero necesario. Nada de lo visto estos días exonera a Pujol de lo que haya podido hacer. Su legado político —innegable en muchos aspectos— convive con una sombra que él mismo reconoció cuando admitió dinero oculto en el extranjero. Y también con la sospecha, más que fundamentada, de haber mirado hacia otro lado mientras su entorno familiar se beneficiaba de una posición de privilegio. Todo esto forma parte del balance. Y no es menor.
Pero una cosa es exigir responsabilidades —como hay que hacer en cualquier democracia— y otra es convertir la justicia en un espectáculo. Lo visto estos días se parece demasiado a una escenificación. No tanto para hacer justicia, sino para satisfacer una necesidad casi teatral de ver caer un símbolo.
La igualdad ante la ley es un principio irrenunciable. Pero su aplicación no puede ser ciega a la realidad humana. No se trata de privilegios, sino de criterio. De humanidad, si se quiere decir así. Porque una justicia que no sabe distinguir entre la responsabilidad penal y la condición personal corre el riesgo de convertirse en una caricatura de sí misma.
Pujol ya no es lo que fue. Hace tiempo que no lo es. El poder que acumuló durante décadas es hoy solo un recuerdo, y su figura —para muchos— ya está juzgada políticamente. Lo que queda ahora es un hombre muy mayor, en un estado evidente de deterioro, arrastrado hasta una sala judicial para completar un ritual que difícilmente aportará nada relevante al proceso.
Quizá se trata de eso: de completar el relato. De cerrar una etapa con una imagen definitiva. Pero la pregunta es se sivale a todo. Porque la justicia no debería ser nunca venganza. Ni tampoco escarnio. Muy de acuerdo con lo que ha dicho al respecto el presidente Salvador Illa.
Quizá alguien saldrá satisfecho. Quizá haya quien pensará que, finalmente, se ha hecho justicia. Que verlo así, arrastrado por el tiempo y por sus propias sombras, forma parte del precio que tenía que pagar. Y quizás, en parte, tienen razón. Pujol no es inocente en este relato. Hace tiempo que no lo es.
Pero una cosa es asumir responsabilidades —las que sean— y otra muy distinta es convertir la justicia en una escenificación casi ritual de degradación. Porque cuando el castigo deja de buscar la verdad y se limita a completar un relato, el riesgo es evidente: que la justicia deje de ser una herramienta de garantía para convertirse en una forma de satisfacción colectiva.
Y aquí es donde la cosa se tuerce. No por Pujol, que ya tiene su lugar asignado en la historia —con luces y con sombras—, sino por nosotros. Porque lo que pone a prueba una democracia no es cómo trata a los poderosos cuando son fuertes, sino cómo los trata cuando ya no lo son.
Hay una idea, atribuida a menudo a Fiódor Dostoievski, que dice que el grado de civilización de una sociedad se mide por la manera en que trata a sus presos. No sé si es exactamente eso lo que hemos visto estos días. Pero sí parece claro que, en nombre de la igualdad, se ha acabado sacrificando algo mucho más frágil: el sentido de la medida. Y sin medida, la justicia no es más justa, solo es más dura.