ERC y Comuns, ambos socios de la investidura del presidente catalán, Salvador Illa, han exigido al Gobierno de la Generalitat una «rectificación» en el impulso de la prueba piloto que prevé la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra en algunos institutos. Ambas formaciones políticas han enviado comunicados para pedir la comparecencia parlamentaria de la consejera de educación, Esther Niubó, y de la consejera de Interior, Núria Parlon.
Esquerra asegura que su partido apuesta por un modelo de convivencia en los centros educativos basado en la «dignificación y adecuación de los espacios, y la dotación del personal docente y de apoyo necesario en aquellos centros donde puedan existir necesidades de atención a la complejidad que sean específicas». El grupo republicano argumenta que esta medida, que ya ha recibido el rechazo frontal de la comunidad educativa, no contribuye en absoluto a una mejora de la convivencia en los centros y que es necesario buscar el consenso de la comunidad educativa.
Por su parte, los Comunes han pedido al Gobierno de la Generalitat que retire «de forma inmediata» la iniciativa y han defendido que la convivencia en los centros educativos debe reforzarse con más profesores, educadores sociales y coordinaciones de convivencia.
Decisión «unilateral»
Esta formación lamenta que el ejecutivo catalán haya tomado una decisión «de forma unilateral» y «de espaldas a la comunidad educativa». Los Comunes consideran que esta medida ni es pedagógica ni mejora la convivencia ni es coherente con el modelo de escuela que necesita Cataluña, sino que se trata de una medida injustificada y alejada de las necesidades reales de las escuelas e institutos.
A su juicio, los conflictos en los centros educativos deben abordarse «desde una perspectiva pedagógica y comunitaria», con más recursos destinados al personal docente, educadores, psicólogos y, especialmente, con el refuerzo de la figura de mediadores especializados y de los coordinadores de convivencia y bienestar (COCOBES), y no con una presencia policial.
Asimismo, los Comunes ha esgrimido el hecho de que sindicatos y asociaciones de familias como la aFFaC hayan rechazado la medida de forma contundente. La iniciativa, según el Departamento de Educación, responde a una demanda «fuertemente reclamada desde el mundo docente».