Entre 2.000 y 2.500 personas ya han pedido cita previa para iniciar el trámite presencial del proceso extraordinario de regularización, según ha explicado el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, tras reunirse con agentes sociales, económicos y entidades del tercer sector y del mundo local en el Palacio de Pedralbes.
Prieto ha valorado positivamente el arranque del proceso, pero ha admitido que ha «faltado tiempo» para coordinarse con ayuntamientos y entidades, lo que ha provocado colas en municipios como L’Hospitalet de Llobregat. En este sentido, ha calificado de «normales» estas incidencias iniciales y ha asegurado que se está trabajando para reforzar la coordinación.
El delegado ha defendido la regularización impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y ha remarcado que afecta a cientos de miles de personas que «tienen obligaciones pero no derechos sociales» y viven abocadas a la economía sumergida. También ha afirmado que «España no habría crecido como lo ha hecho sin la aportación de las personas migradas» y ha subrayado que «los únicos que salen perdiendo con la regularización son los explotadores laborales».
Medidas para agilizar el proceso
El Govern aprobará el martes un paquete de medidas para mejorar el funcionamiento del proceso, que incluirá la creación de una página web informativa, la formación de personal de apoyo —1.200 técnicos ya formados— y acciones para garantizar el acompañamiento de personas vulnerables, como personas sin techo, menores o víctimas de violencia machista.
También se plantean medidas para fomentar la inserción laboral y el aprendizaje del catalán, así como una campaña para combatir las noticias falsas sobre el proceso.
En paralelo, la consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ha advertido de la proliferación de desinformación, incluyendo mensajes sobre un supuesto «efecto llamada», y ha recordado que la cita previa es gratuita tras detectar servicios que cobran por gestionarla.
Prieto ha insistido en que todas las personas que tengan derecho a ella podrán regularizar su situación antes del 30 de junio, a pesar de las dificultades iniciales. Ha explicado que no todos los solicitantes necesitan un informe de vulnerabilidad, especialmente si tienen vínculos familiares, han pedido asilo o disponen de experiencia laboral o un precontrato.
Además, el gobierno español ha diseñado un plan extraordinario para resolver antes del 16 de junio unos 46.500 expedientes de arraigo ya en curso. En este sentido, ha pedido a los afectados que no abandonen estos procesos, ya que también permitirán regularizar su situación.
El tercer sector pide más recursos
Tras la reunión, el presidente de la Mesa de Entidades del Tercer Sector, Xavier Trabado, ha celebrado el inicio del proceso pero ha reclamado más recursos para atender el aumento de demanda y mecanismos para resolver dudas.
Desde los sindicatos, Camil Ros (UGT) ha destacado que la regularización permitirá que miles de personas pasen «de la explotación laboral a tener papeles», mientras que Belén López (CCOO) ha reclamado garantizar una «igualdad real» de derechos y evitar la precarización.