El sindicato CCOO ha denunciado a Glovo ante la Audiencia Nacional por «ejecutar un ERE encubierto» a través de despidos disciplinarios reiterados. Según la organización, la empresa habría superado el umbral de 30 extinciones de contrato en 90 días, lo que obligaría a tramitar un expediente de regulación de empleo.
El sindicato sostiene que la compañía estaría utilizando esta vía para evitar la negociación colectiva y el procedimiento legal establecido para los despidos masivos.
Despidos disciplinarios bajo sospecha
CCOO denuncia que Glovo justifica las extinciones con motivos disciplinarios que, en muchos casos, atribuyen a los trabajadores responsabilidades que no les corresponden. Entre ellos, hay supuestos retrasos en las entregas o incidencias como los «no shows».
El sindicato también señala casos como despidos de repartidores que no acudieron al puesto de trabajo en días con alerta meteorológica de nivel rojo, que considera ejemplos de un uso abusivo del régimen sancionador.
CCOO pide la nulidad
Con la denuncia, el sindicato quiere que la justicia declare nulos los despidos y obligue a la empresa a readmitir a los trabajadores afectados, además de pagar los salarios pendientes.
Según CCOO, se trata de un despido colectivo encubierto que se ha ejecutado sin las garantías que establece la legislación laboral.
Un conflicto que coincide con un ERE
La denuncia llega en paralelo al anuncio de Glovo de presentar un ERE para 750 repartidores en varias ciudades del Estado. La empresa lo justifica por la necesidad de ajustar el servicio en determinadas zonas.
Este movimiento se inscribe en un contexto de tensión laboral creciente dentro del sector del reparto a domicilio.
El debate sobre el modelo laboral
El caso se produce después de que Glovo abandonara el modelo de falsos autónomos e incorporara a los repartidores como asalariados en aplicación de la ley rider.
A pesar de este cambio, los sindicatos denuncian que se mantienen dinámicas de precariedad y alta rotación, y acusan a la empresa de intentar reducir plantilla sin asumir los costes y obligaciones de un ERE formal.
