Imaginemos por un momento una situación de Emergencia Nacional: Una hambruna, por ejemplo. Supongamos que prolongadas sequías o lluvias torrenciales arrasan las cosechas y los supermercados empiezan a vaciarse. Imaginemos ahora que, paralelamente, unos cuantos empresarios perspicaces se dedican a comprar y almacenar los pocos alimentos que se producen, a fin de revenderlos al doble o al triple de su precio normal. Esos empresarios son gente respetable: han comprado los alimentos de manera absolutamente legal, mediante facturas en regla. Y, por supuesto, compran en uso de la libertad de mercado que consagra nuestra Constitución. Por otra parte, declaran sus operaciones comerciales y pagan los impuestos que les corresponden. ¿Alguien podría dudar de la legalidad de sus actos? No, ciertamente.
Y sin embargo, cualquiera siente en su foro interno que estas prácticas son profundamente inmorales. Y no sólo eso: también dañinas e incluso criminales, pues extorsionan al conjunto de la población en beneficio de la codicia sin límites de algunos. En castellano, tal forma de proceder tiene un nombre, contundente y explícito: Especulación. Y no se concebiría que el Estado no interviniese para ponerles freno, dado que está en juego el bienestar general, por más que la ley garantice la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada.
A menudo se dice aquella frase hecha (bonita, pero que todos sabemos que se trata de un brindis al sol) de “tu libertad -o tu derecho- acaba donde empieza la mía”. Sin embargo, en los países capitalistas el derecho a la propiedad privada no es un derecho cualquiera. Es el puntal del sistema, y se le venera de manera tan fanática, tan acrítica, que puede llegar a fagocitar y aplastar a otros derechos. Siguiendo con nuestro ejemplo de la Emergencia Nacional, sustituyan la palabra “alimentos” por “vivienda” y se darán cuenta de que lo que quiero decir. Y quien se atreva a alegar que no son asuntos comparables, que pruebe a vivir una temporada en la calle, y pronto comprobará que tener casa es algo tan necesario como poder llevarse un trozo de pan a la boca cada día.
Se mire como se mire, estamos sufriendo una verdadera situación de hambruna de vivienda, donde algunos pueden poseer (y explotar, cobrando rentas abusivas) una, veinte o cien viviendas, mientras otros no tienen donde caerse muertos, teniendo que dejarse el sueldo en el alquiler. E incluyo aquí tanto al que tiene un piso como al que tiene cien porque, aún con el respeto que me merecen los pequeños propietarios que pudieron adquirir una segunda residencia a base de grandes esfuerzos, la codicia es un sentimiento muy humano. Tanto, que no entiende de categorías, ni siquiera entre los propietarios. Hay, no lo olvidemos, fondos buitre, pero también pequeños caseros buitre.
Las causas de la hambruna vienen de lejos, porque los dos grandes partidos sistémicos (PP y PSOE) han mirado siempre para otro lado, descuidando gravemente su deber de construir vivienda asequible para las clases sociales más desfavorecidas. Una actitud irresponsable, negligente, hasta corrupta en ocasiones, que tiene mucho que ver con la histórica connivencia del poder político con el poderoso lobby inmobiliario. Se trata de una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia. Décadas de desidia han generado tal déficit de viviendas sociales, que necesitaremos años de construcción incesante para ponernos a la altura de otros países europeos, tan capitalistas como nosotros, pero tal vez menos vendidos a los poderes fácticos y más sensibles socialmente.
Hasta que no llegue ese día, habrá que implementar medidas. Medidas que, conforme a lo que requiere una situación excepcional, deberán ser también excepcionales. No parece el caso: PP, Vox y Junts acaban de tumbar en el Congreso la prórroga del real decreto conocido como “Escudo Social” (RDL 16/2025), que contemplaba la suspensión de las demandas de desahucio por impago de rentas y/o finalización de contratos hasta el 31 de diciembre de 2026. Sus beneficiarios no son “inquiokupas” -término falaz e insultante popularizado por estos mismos partidos reaccionarios-, sino personas en situación de vulnerabilidad, acreditada por los Servicios Sociales, a petición de un juez y sin una alternativa habitacional garantizada. En total, más de 60.000 inquilinos. Muchos con menores, personas mayores o dependientes al cargo.
Ya lo sabíamos, pero ahora se confirma: esta “Gran Derecha” que se insulta -día sí, día también- a cuenta de la lengua, la unidad de España o la independencia de Cataluña, a la hora de la verdad sólo guarda obediencia a una cosa: sus intereses de clase.