«La democracia es el régimen del conflicto regulado». La frase es de Norberto Bobbio, uno de los grandes pensadores del constitucionalismo europeo. Y explica bien qué debería ser la política: discrepancia, rivalidad, tensión, sí —pero siempre dentro de unos límites que permitan gobernar. La negativa de ERC a apoyar los presupuestos del Govern de Salvador Illa se inscribe, en parte, en esta lógica. Los republicanos buscan los máximos. Quieren marcar perfil propio y evitar quedar diluidos en una legislatura que no lideran. Es legítimo. Forma parte del juego democrático. Sin rivalidad política, de hecho, la democracia se empobrece. El problema es que el conflicto, cuando se prolonga demasiado, deja de ser motor político y se convierte en bloqueo institucional.
Cataluña hace demasiado tiempo que vive en este equilibrio precario. Presupuestos prorrogados, negociaciones eternas, geometrías parlamentarias imposibles. El país sigue estirando un chiste que ya viene de 2023, como si la política pudiera funcionar indefinidamente con presupuestos caducados. Y no puede. Es cierto que ERC tiene motivos para presionar. También es cierto que los gobiernos —todos— necesitan contrapoderes parlamentarios que les recuerden que gobernar no es imponer. Pero llega un momento en que la política debe distinguir entre los máximos deseables y los mínimos necesarios.
Unos presupuestos imperfectos siempre son mejores que ningún presupuesto. Sobre todo en un contexto económico y social tan delicado como el actual. Con inflación aún persistente, servicios públicos tensionados y retos estructurales que no se resuelven con prórrogas administrativas. Gobernar con cuentas antiguas no es solo una incomodidad política; es una forma lenta de erosionar la capacidad de acción pública.
Hay, además, un precedente que conviene recordar. Cuando el presidente era Pere Aragonès, el PSC de Illa se mostró dispuesto a facilitar los presupuestos del Govern republicano. No era un acto de afinidad ideológica, sino de responsabilidad institucional. Aquel intento no prosperó —el veto de los Comunes lo impidió—, pero la disposición estaba.
La pregunta, hoy, es inevitable: ¿vale la pena ponerlo todo en riesgo? ¿Forzar unas nuevas elecciones? ¿Reabrir una partida política que puede acabar fragmentando aún más el Parlament y haciendo aún más difícil gobernar? La política democrática necesita rivalidad, pero también necesita momentos de responsabilidad compartida. Saber cuándo apretar y cuándo dejar pasar. Cuándo competir y cuándo sostener. Porque hay una diferencia entre defender una posición y llevarla hasta el punto de hacer ingobernable el sistema.
Albert Camus lo formulaba con una lucidez que sigue siendo vigente:»¿El fin puede justificar los medios? Quizá. Pero ¿quién justificará el fin?». La política catalana, tan acostumbrada a las grandes batallas simbólicas, debería recordar que también existe otra forma de coraje: saber cuándo es el momento de salvar los mínimos.