El Ayuntamiento de Barcelona afronta una huelga indefinida en sus servicios de atención directa que ya se alarga desde el 5 de febrero y que ha ido escalando hasta convertirse en «una enmienda a la totalidad de la gestión social del consistorio». El conflicto, originado por el nuevo convenio colectivo 2025-2028, aprobado el 30 de enero y acordado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, ha movilizado a la plantilla del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona (IMSSB), las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) y, más recientemente, al Servicio de Atención a las Violencias Machistas (SARA), los Puntos de Información y Atención a las Mujeres (PIADs) y los servicios socioeducativos A Partir del Carrer (APC).
Según explica la CGT en un comunicado, las trabajadoras en huelga consideran que el acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo supone una «traición» porque «premia a los sectores masculinizados y a los cuerpos de seguridad mientras castiga a los sectores feminizados de cuidados y atención social», además de «precarizar» las condiciones laborales en servicios esenciales para la población vulnerable. Concretamente, rechazan el acuerdo porque la reducción de la jornada laboral a 35 horas «no se aplica de forma igualitaria», lo que «consolida las desigualdades» entre trabajadores de la misma institución; por la «pérdida de derechos consolidados» a raíz de la eliminación de medidas de flexibilidad, conciliación y días de descanso; y por la «precarización de los sectores feminizados», ya que el convenio «castiga especialmente» los servicios de atención directa, donde hay una presencia mayoritaria de mujeres.
Según la CGT, la respuesta de la plantilla de los diferentes servicios afectados «ha sido masiva». En las OAC, el seguimiento medio es del 73%, con cifras que llegan al 100% en el distrito de Les Corts, al 91% en Horta y al 87% en Sant Andreu. En distritos como Sants, Gràcia y Sarrià, el apoyo se ha situado entre el 80% y el 84%. Estos paros han obligado a anular numerosas citas previas y han afectado a la atención administrativa ordinaria.
En cuanto al IMSSB, la participación media es de 385 profesionales, aproximadamente el 50% del personal llamado a secundar la huelga. En centros de Ciutat Vella, Nou Barris, Gràcia y Horta-Guinardó, el seguimiento ha sido del 100%, funcionando únicamente con los servicios mínimos decretados. En el SARA, que se ha incorporado recientemente a los paros, se ha registrado un 80% de seguimiento en su primera jornada de huelga.
«Desmantelamiento» de los servicios públicos
Las y los profesionales en huelga advierten de que su precariedad es la antesala del desmantelamiento de los servicios públicos y destacan que su situación laboral tiene consecuencias directas en la atención a la ciudadanía: «No es que no queramos trabajar, es que queremos hacerlo con condiciones dignas para dar una atención digna», señalan, citando a Francesc Layret.
En este sentido, la plantilla alerta de que «la realidad en los centros de Servicios Sociales es alarmante»: las ayudas de emergencia, que antes se resolvían en tres días, ahora tardan entre 15 días y cuatro semanas debido a los cambios en el sistema burocrático. También señalan dificultades crecientes en el acceso a alojamientos de urgencia en un contexto de crisis habitacional y denuncian «una voluntad política de rebajar el gasto social». «Pretenden que el único camino sea gestionar la miseria para que las personas vulnerabilizadas no perjudiquen la marca Barcelona», aseguran desde la CGT.
Reivindicaciones de los profesionales en huelga
La principal reivindicación de los y las trabajadoras en huelga es la apertura de una mesa de negociación específica para los servicios de atención directa (IMSSB, OAC, SARA, PIADs y APCs). En cuanto a las demandas concretas, reclaman aplicar la jornada de 35 horas semanales a toda la plantilla, con flexibilidad y conciliación efectiva; incrementar la plantilla y los recursos para garantizar la calidad del servicio; detener las externalizaciones y apostar por la municipalización de los servicios; implementar «horarios dignos» que pongan fin a las jornadas laborales que llegan a superar las 10 horas continuadas; mejorar los salarios; revertir los recortes y recuperar los derechos laborales perdidos.
