La patronal Foment del Treball ha expresado un duro rechazo al pacto alcanzado entre el Govern de la Generalitat y Els Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda, advirtiendo de que la medida puede ser letal para la economía catalana y que está dispuesta a estudiar recursos jurídicos contra la iniciativa.
El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha criticado la política acordada para acompañar los presupuestos de la Generalitat para 2026, que incluye mecanismos para restringir la compra de pisos con fines especulativos —a los que ve como una intervención excesiva en el mercado y una vulneración del derecho a la propiedad privada. Sánchez Llibre ha calificado la propuesta de «filocomunista» y ha asegurado que «este tipo de medidas no son beneficiosas para la imagen internacional de Cataluña ni para su capacidad de atraer inversión».
La patronal considera que la introducción de restricciones legales sobre quién puede adquirir viviendas —aunque sea para destinarlas a residencia habitual— puede generar inseguridad jurídica y desincentivar a los actores económicos a participar en el mercado inmobiliario catalán. Sánchez Llibre ha sugerido que «muchas de las medidas no llegarán a buen término porque las tumbarán los tribunales», dejando abierta la puerta a posibles recursos contra la norma si se concreta así.
Foment defiende que el problema del acceso a la vivienda no se detiene solo con limitaciones a la compra, sino que requiere seguridad jurídica e incentivos para incrementar la oferta, y ha reiterado la necesidad de impulsar vivienda asequible a través de mecanismos que no perjudiquen la actividad empresarial.
Exigencias de Comuns
El acuerdo entre el Gobierno y los Comunes sobre la compra especulativa —que busca modificar la normativa para facultar a los ayuntamientos a imponer límites en zonas de mercado tensionado— ha generado críticas también desde otros sectores, incluidas organizaciones de inquieras y cámaras de propietarios, que cuestionan tanto la constitucionalidad como la eficacia de la propuesta al abordar realmente la especulación.
Los argumentos a favor de la medida apuntan a que limitar la compra por parte de inversores en ciertas circunstancias puede contribuir a frenar la presión sobre los precios, pero esta visión no es unánime ni desde el ámbito jurídico ni desde el económico.
El debate sobre habilitar o no instrumentos legales para limitar la compra especulativa de pisos se ha vuelto central en la política catalana de vivienda, en un contexto de precios elevados y escasez de oferta, y la patronal se ha situado como uno de los principales actores críticos ante esta propuesta legislativa.
