A pesar de mi corta edad entonces —14 años…—, recuerdo con exactitud qué hacía el 23 de febrero de 1981, cuando una cuadrilla de energúmenos —entonces no lo sabía…— irrumpían en el Congreso de Madrid con la mala idea de perpetrar un golpe de estado: participaba en una extraescolar, ahora ya extemporánea, de mecanografía. Una monja daba la clase, mientras tanto escuchaba por el transistor la sesión de investidura del presidente más efímero que ha tenido España desde la recuperación de la democracia, José Calvo-Sotelo, cuando todavía presidía en funciones el país Adolfo Suárez —había dimitido para esquivar una moción de censura. De repente, al oír tiros por la radio, la religiosa se espantó y nos envió a todos hacia casa. A partir de ahí, y hasta que se resolvió el intento a fin de bien, estuve pendiente de aquel galimatías que entonces no supe entender.
Cuarenta y cinco años después —que ya son años—, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido desclasificar documentos de lo que hemos convenido en llamar el 23-F. En este país siempre nos ha costado avanzar; y cuando lo hemos hecho, ha sido con una lentitud exasperante. También en la memoria. Hasta ahora nos hemos tenido que conformar con el buen oficio de escritores como Javier Cercas, que en Anatomía de un instante reconstruyó con precisión aquel momento, una novela después hecha serie con no menos acierto, e incluso teatro.
Los documentos desclasificados confirman lo que muchos intuían y algunos preferían no saber: los golpistas no iban a hacer teatro. Tenían órdenes de disparar si era necesario. De disparar a matar. Militares desplegados en puntos estratégicos, incluida RTVE, estaban preparados para abrir fuego si la situación lo exigía. No era una opereta de oficiales nostálgicos; era un plan real con posibilidad real de sangre. En cuanto al papel del entonces rey, Juan Carlos I, los documentos aportan más matiz que escándalo. No aparece la mano negra que algunos han querido ver ni tampoco el relato inmaculado que durante años se repitió sin fisuras. Lo que emerge es una gestión compleja, con conversaciones previas, presiones cruzadas y la necesidad de consolidar lealtades militares en horas decisivas. Nada apunta —en los papeles— a una complicidad con el golpe; al contrario, confirman su intervención final como elemento clave para desactivarlo.
Y aquí es donde sorprende —o quizás no tanto— la reacción de PP y Vox. Critican la desclasificación. Hablan de innecesaria revisión del pasado, de abrir heridas, de cuestionar consensos. Es un argumento recurrente en la política española: la memoria molesta cuando pone en duda relatos cómodos. Pero desclasificar no es reescribir; es conocer. No es atacar instituciones; es hacerlas más sólidas. Una democracia madura no tiene miedo de sus archivos. Lo que la debilita no es la transparencia, sino el secreto perpetuo.
Que el 23-F fuera derrotado no lo convierte en un episodio menor. Que la democracia sobreviviera no anula la gravedad de lo que pasó. Y que el rey acabara pronunciando un discurso televisado que contribuyó a desactivar el golpe no impide examinar qué pasó antes, durante y después. La historia no es un altar; es una investigación permanente. Lo más inquietante de este debate no es lo que dicen los papeles, sino que haya quien prefiera no leerlos. Vox, heredero ideológico de una parte de la cultura política que nunca ha roto del todo con el franquismo, es coherente en su incomodidad con la memoria. El PP, que se reivindica como partido de gobierno y de sistema, debería entender que la fortaleza institucional pasa por la transparencia, no por la protección de mitos.
El 23 de febrero de 1981 no fue una broma pesada ni una escenificación testosterónica. Fue un intento real de liquidar una democracia aún adolescente. Que 45 años después todavía discutimos si hay que saber toda la verdad dice más de España que de los golpistas. La democracia no se defiende sólo derrotando golpes de estado. Se defiende también teniendo el coraje de explicarlos enteros.
La muerte de uno de los artífices del fracasado golpe de estado, Antonio Tejero —coincidiendo con el día de la desclasificación—, puede clausurar una nefasta trayectoria personal, pero no absuelve ninguna responsabilidad histórica ni resuelve ninguna interrogante pendiente. El tiempo biológico pasa; la memoria democrática no debería prescribir.