La estadística en los tribunales demuestra que a Joan Laporta le incomodan, hasta le superan y le ganan este tipo de pleitos y de actuaciones de lobos solitario como la que ha provocado un socio del Barça de Toledo, Isidro Navarro, presentando una querella ante la Audiencia Nacional por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal contra Laporta, algunos de sus directivos, ejecutivos y un intermediario.
Más allá de que la prensa laportista, los propios señalados y las redes del régimen han reaccionado con más interés y preocupación por quién ha firmado la denuncia y que por el fondo, por el qué de las acusaciones -ciertamente muy graves- y por la magnitud de la tragedia en caso de ser admitida, los precedentes no son de buen recuerdo para Laporta-
Por ejemplo, el socio Oriol Giralt (2006) le fastidió sus planes de cumplir un año más de mandato -que no le correspondía por estatutos- incluso blandiendo un dictamen favorable de la Generalitat. Un juez le obligó a convocarlas y la propia Generalitat, con juegos de manos y sospechosas incidencias, le evitó una dura sanción, definitiva, por incumplimiento grave de los estatutos, nada menos que por no convocar las elecciones.
Posteriormente, el propio Oriol Giralt, también sin apoyo corporativo ni subterráneo, lo puso contra las cuerdas en el voto de censura de 2008, que si no ganó con dos tercios de los votos fue porque, de forma caciquil y vergonzosa, Laporta no permitió interventores de Giralt en un determinado número de mesas, las únicas que no arrojaron un 70-30% contra el presidente y su junta y que rebajaron la media final al 63%.
Finalmente, un socio de Badalona, Vicenç Pla, emprendió, también por su cuenta, una demanda por los avales que el Supremo ratificó contra Laporta y los directivos supervivientes de la última junta de 2010, condenándolos a afrontar la devolución al club de una cantidad de 23 millones. Aquella sentencia, firme e irrevocable, promovió, por impago, actuaciones de apremio y embargo de bienes a Laporta y sus directivos, que el juez inicial del caso suspendió a la espera del resultado de la demanda de la acción de responsabilidad contra los mismos directivos, por 47,6 millones. Caso de haberse producido un fallo también adverso, ese dinero habría servido para compensar parte esas pérdidas al FC Barcelona. La demanda sirvió para demostrar que Laporta había engañado a los socios en 2006 y no había presentado el aval correspondiente.
Lo que ocurrió fue que, después de todo, la directiva de Josep Maria Bartomeu, a instancias de los desvelos obsesivos de Carles Vilarrubí, renunció a conocer el fallo del recurso ante la Audiencia Provincial. Es decir, que a Laporta le fue más fácil derrotar un mandato asambleario de todos los socios del Barça que a Vicenç Pla, un solo socio o a Oriol Giralt.
