El Gobierno de España ha adelantado este viernes que no exigirá el conocimiento de «ninguna lengua oficial» para conceder la autorización inicial de residencia y trabajo, dentro del proceso de regularización extraordinaria que prepara.
El ejecutivo de Pedro Sánchez ha apuntado que, para solicitar la prórroga al cabo de un año de la regularización, las personas pueden acogerse a los itinerarios de arraigo.
Alternativamente, siempre que se mantengan las condiciones que generaron el derecho a la regularización extraordinaria, se podría otorgar una prórroga con un «informe favorable de integración» de los servicios sociales de las comunidades que, entre otras cuestiones, acreditará el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar donde resida la persona, como sería el caso del catalán.
El Gobierno central ha concretado así el anuncio hecho por el grupo de ERC en el Congreso de los Diputados, que dijo este jueves que había pactado con el ejecutivo una enmienda al nuevo real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes para que el catalán fuera válido para acreditar el arraigo.
La inclusión del catalán como supuesto de arraigo ha sido criticada por el PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado con ir a los tribunales para evitarlo.
