La oposición a Joan Laporta, especialmente Víctor Font, que tiende a capitalizar el voto contra el continuismo, no parece en condiciones óptimas de presentar batalla. Al candidato más votado después de Laporta en 2021 le empiezan a pasar factura su propio pasado, el programa de aquellas elecciones e incluso las reformas y refuerzos con los que intenta encauzar las expectativas tan favorables a la reelección de Laporta, así como el pasado inequívocamente laportista de Jaume Guardiola.
La incorporación estrella de este segundo asalto, Jaume Guardiola, está condenado a pasarlo mal cuando Laporta y los suyos se enfocan en la vulnerabilidad que supone haber sido cómplice y protector de buena parte de las entremezclas económicas y financieras de los dos primeros años del mandato. Que no será capaz de decirle Laporta cuando llegue el momento si, precisamente, por su condición de presidente de la Comisión Económica, el vicepresidente económico de su etapa conjunta, Eduard Romeu, le acaba de decir «caradura» en el primer intercambio de golpes.
Guardiola le ha replicado recordándole que él se despidió en octubre de 2022 y precisando que él no tuvo nada que ver con la llegada de Limak ni había que pagar 50 millones de euros por la mediación con Nike, que tampoco visó la operación New Era Visionary Group de los asientos VIP ni la reventa de negocios digitales a manos inexpertas o la asociación con ZKP, una empresa en Samoa vinculada a Andrew Tate, acusado de delitos graves. Y, por supuesto, en su época no se firmó el vergonzoso patrocinio con el Congo RD.
El caso, sin embargo, es que, en efecto, Guardiola sí fue partidario de anular el artículo 67 incondicionalmente, de dar luz verde a la firma con Spotify, con la primera comisión de Darren Dein, y de aplaudir con las orejas la palanca fantasma de Barça Studios (200 millones) y la plusvalía inexistente de los derechos de TV (157 millones).
También debería confesar, o al menos admitir, cómo engañó a los compromisarios en la asamblea de octubre de 2021 solicitando su aprobación a una liquidación de 481 millones de pérdidas, récord mundial, cuando él sabía perfectamente que la cifra real, la que Hacienda sí aceptó como déficit del ejercicio 2020-21, fue de 270 millones, es decir más de 200 millones menos, con el agravante de limitar a 90 millones las pérdidas atribuidas directamente a la pandemia.
LaLiga, en una auditoría independiente, las estimó en casi 300 millones además de invitar al Barça a repartirlas en las cinco temporadas siguientes, de manera que el Barça, la institución, se encontraría hoy plenamente saneado, dispondría de fair play y no arrastraría 150 millones de fondos propios negativos.
Jaume Guardiola, los ejecutivos al frente, Eduard Romeu y, por descontado, Joan Laporta rechazaron esta posibilidad de aliviar el efecto Covid con el fin de ir a la asamblea de octubre de 2021 y poder argumentar ante los socios que sólo Josep Maria Bartomeu, y nadie más, ni ninguna otra circunstancia, habría arruinado al FC Barcelona.
Consideraciones
En la misma respuesta a Eduard Romeu, Guardiola se cuelga la medalla de haber apoyado –en el momento de acompañar a Laporta en sus primeros pasos– a la necesaria figura del CEO, Ferran Reverter, posicionamiento que no le exime a él tampoco ni a sus informes de la dramática decisión de deshacerse de Messi, explícitamente aprobada y aplaudida en sus recomendaciones a los socios.
Dos consideraciones más que probablemente Laporta utilizará en su contra en la campaña. Una, la razón de elegirlo para la presidencia de la Comisión Económica, en agradecimiento por ejercer toda su influencia, aunque desde la distancia, para que el aval de 124,7 millones lo tramitara el Banco de Sabadell sin entrar en demasiadas consideraciones éticas, estatutarias y legales.
El otro dardo que le pueden lanzar es que Jaume Guardiola nunca habría dejado el cargo en el Barça si no le hubieran ofrecido la presidencia del Círculo de Economía, en su opinión el trampolín y la puerta de reentrada al club por la vía electoral, de momento como escudero de Víctor Font formando un tándem insuperable en aburrimiento y medias tintas.
A Víctor Font, por su parte, siempre le pesará su prevalente y obsesiva apuesta por Xavi, que no ha funcionado, así como por el voto telemático que él propuso en la asamblea del Barça en tiempos de Bartomeu, que fue rechazado, y del que ahora abomina viendo que sólo ha servido para alejar aún más a los socios de la mecánica asamblearia.
Y tampoco le ayuda el hecho de contar entre sus filas con el Colectivo Dignidad Blaugrana, el grupo de socios que impulsó la querella que dio origen a la causa judicial del Barçagate contra Josep Maria Bartomeu y parte de su cúpula directiva.
En 2020, Dignidad Blaugrana presentó ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona la denuncia por presunta administración desleal y corrupción entre particulares vinculados a la contratación de I3 Ventures/Nicestream por parte del club, señalando directamente a Bartomeu y a su asesor Jaume Masferrer.
En cambio, Dignidad Blaugrana no ha sentido el menor impulso de iniciar acciones legales contra Laporta por escándalos como el de la cuenta de los avales de la junta, alimentada con dinero de proveedores (ISL) y de terceras personas sospechosas de mantener relaciones ciertamente extrañas con la junta y con el club, irregulares e indiciarias de delito.
Cuando, hace poco, un periodista preguntó a Víctor Font porque, si se refería al caso ISL como algo tan ilegal, no lo había hecho también ante el juez, su respuesta fue que él no estaba en la oposición para querellarse contra nadie, sino de proponer proyectos para el Barça.
La conclusión es que ni Dignidad Blaugrana ni el propio Font, tan beligerantes contra Bartomeu en 2020, se han atrevido a levantar la voz contra Laporta. Complicado que le puedan ganar.
