Vivimos instalados sobre la precariedad. De repente, la realidad se manifiesta y finalmente nos damos cuenta de nuestra debilidad estructural. Las infraestructuras del país no son lo suficientemente sólidas y, desde hace muchos años, no se ha hecho lo suficiente para que esto cambiara. Ir tirando ha sido la filosofía imperante a la espera de que no pasara nada y se vieran las costuras. Hasta donde llega mi memoria, la red ferroviaria catalana, especialmente eso que se llama pomposamente como Rodalies, deja mucho que desear en su funcionamiento: averías, retrasos, mantenimientos, información, atención, suficiencia…

Es un clásico el que circular en tren por el país resulta poco práctico y eficiente; la prueba, es que en los desplazamientos regionales seguimos utilizando el vehículo privado, aunque más costoso y poco sostenible, porque nos da más fiabilidad y puntualidad. El tren, desgraciadamente, sólo lo usan aquellos que no tienen más remedio que hacerlo: trabajadores, estudiantes, jubilados… Rentas medias y altas no lo sufren, como tampoco aquellos que cortan el bacalao en la economía, la política o la sociedad. Nunca ninguna autoridad política cuando viene de visita a tu ciudad lo hace en tren. Sintomático y una buena manera de mantenerse al margen de la realidad. Hemos llegado a un punto que ir en tren por el país hace pobre, a menos que lo hagas con el AVE. Una apuesta la de la alta velocidad que tiene un coste ingente y cuya inversión va en detrimento de las imprescindibles inversiones en los trenes de proximidad, que tienen una función social y económica mucho más trascendental.
Lo que ha pasado en los últimos días en Cataluña con el servicio y la red ferroviaria es tercermundista. La culpa no es de demasiada lluvia, sino de mantener unas infraestructuras y maquinaria obsoletas. Miles y miles de personas han quedado colgadas en el sentido más literal del término, sin saber cómo desplazarse al lugar de trabajo, a los centros de salud o bien de estudio. La paradoja de país es que expulsamos a la gente que vivía en la capital porque la hemos gentrificado y, al mismo tiempo, no facilitamos que se puedan desplazar diariamente a ella. Y la ciudad funciona y tiene sentido gracias a esta gente que va y viene cada día y no por los que llegan por el aeropuerto para ocuparla de manera fantasiosa durante unos días.
No hablamos de incidencias puntuales o bien de un accidente, que siempre se pueden dar, sino de un estado de abandono y de unas situaciones de caos que resultan del todo incomprensibles. Y lo que es peor, en lugar de hacer propósito de enmienda y fijarnos como objetivo de todos alcanzar -y se tarda muchos años- una estructura ferroviaria decente y sólida, nos tiramos los platos por la cabeza sobre quien carga con la «culpabilidad».
En dimensiones y niveles diferentes, todos somos causantes del problema por haber mirado hacia otro lado. Ningún gobierno de la Generalitat le ha dado la prioridad que era necesario ni ha buscado la financiación precisa, el precio de haber primado el espectáculo sobre la política. Lógicamente, el gobierno de ahora puede argüir que es una herencia heredada, seguro, pero antes de encajar la responsabilidad debería haber hecho un análisis y un balance de cuál era la situación. Habrá quien se conformará con dar la culpa a Madrid, pero a pesar de la responsabilidad de la falta de inversión estatal, resulta que «somos claves en Madrid» y del tema ferroviario no nos preocupamos.
Hoy en día, resulta casi patético, fuera de lugar, el debate sobre el aeropuerto. Lo digo por una cuestión de cuál es la necesidad más inmediata en la inversión. Ciertamente, ampliar y modernizar el Prat tiene más glamour y sobre todo, acérrimos defensores entre la gente que cuenta e influye. Ya se sabe que todos somos iguales, pero algunos lo son más que otros. Lo que necesita la red ferroviaria catalana es una inversión ingente, de niveles desconocidos, que debería articularse de manera extraordinaria y que sería bueno que se hiciera entre los partidos razonables como un pacto de país, y no hacer una escenificación de reparto de culpas. Y explicar a la ciudadanía que esto no se resuelve en meses, sino en una década.
Lo que ha sucedido estos días nos debería haber despertado del sueño que somos muy «rics i plens«. Las fantasías de parte de la clase política y de la ciudadanía nos han llevado, durante demasiados años, a olvidarnos de la realidad material y de cuáles resultan ser las necesidades básicas para hacer un país que funcione. Precisamente, un país que funcione debería ser el gran propósito de la política catalana.






