La vicepresidenta Elena Fort será la principal testigo de una curiosa demanda contra la directiva de Joan Laporta que, de fondo, pretende activar la apertura de un expediente interno por parte de la Comisión de Disciplina en respuesta a una reclamación elevada en su día ante este organismo por una serie de socios del Barça, insatisfechos por lo que consideraban un acto de incumplimiento estatutario en el mismo. destinar los 1.500 millones del Espai Barça a la reforma del Spotify Camp Nou.
La vista está fijada para el próximo día 18 en la Ciudad de la Justicia y, curiosamente, a pesar de tratarse de un procedimiento más bien poco agresivo, ha desencadenado una respuesta, que se diría exagerada, por parte de la directiva de Joan Laporta.
En principio, la demanda civil tiene como único propósito impugnar el archivo y el silencio administrativo –reacción lamentable, inexplicable y de sesgo totalitario– con el que la Comisión de Disciplina respondió a los diversos burofaxos de este reducido grupo de socios, sin nada de interés electoralista por más que la activación procesal del caso coincida con el inicio del calendario electoral.
La intención de la directiva de exigir al juez el secreto de las actuaciones, la aplicación de un estricto trato de confidencialidad a la parte documental y, finalmente, plantear que la vista del día 18 no sea audiencia pública es lo que ha llamado la atención en este caso. El juez, por descontado, no ha complacido a los abogados del club y ha rechazado esta propuesta extravagante, inapropiada y además sospechosa.
Tanto como el despliegue desmesurado de fuerzas, informes y de la estrategia de la directiva para intentar convencer al juez de que la pretensión del demandante podría ser catastrófica y perjudicial para la institución.
No debería provocar tal estado de ansiedad y de rearme jurídico por parte de Laporta la simple petición de los socios de algo tan sencillo y democrático como que la Comisión de Disciplina del FC Barcelona tramite el expediente que estatutariamente corresponde a partir de una más que fundamentada queja de unos socios que cuestionan, a partir del Fondo de Titulización del Espai Barça, la posibilidad de un incumplimiento al quedar fuera del alcance del préstamo concedido buena parte del Espai Barça, como son el Palau, el Palauet, el Palau de hielo y otros equipamientos y la urbanización final del entorno.
Además, parece claro que el final de este expediente, en el supuesto caso de que el tribunal sentencie a favor de los demandantes, no cambiaría nada, ya que poca transparencia y nada de autocrítica se puede esperar de una Comisión de Disciplina cuyo presidente es Josep Cubells, directivo de Laporta y secretario de la junta, y el resto de sus integrantes, Lluís Bou, Daniel Pintó y Joan Alsina, sólo están para obedecer a Cubells y beneficiarse del cargo, cuatro comidas, entradas, asientos de tribuna y todo pagado en las finales y algún desplazamiento.
Ninguna posibilidad de que Laporta y su directiva se hagan daño a sí mismos a través de la Comisión de Disciplina, y menos aún que alguien levante la voz desde el otro organismo encargado de proteger y defender los presuntos y legítimos derechos estatutarios de los socios desde la Comisión de Ética y Transparencia, que preside la vicepresidenta institucional Elena Fort.
Esta sí puede ser, acreditada su torpeza y sistemático y compulsivo aferramiento a la mentira, una buena carta para los socios ante el juez. La Comisión de Ética y Transparencia la compone también un grupo de laportistas aferrados al poder como son Jordi Domingo, Anton Espadaler, Ramon Usall y Bernat Dedéu.
Pero, lo que más ha sorprendido es la artillería pesada que la directiva ha amenazado con aportar sobre el alcance del Fondo de Titulización y la cuestión de si el Palau está, o no, realmente incluido en el préstamo de los 1.500 millones, más allá de las vagas y puntuales alusiones de los directivos a este tema tan delicado y de la firme opinión de los expertos en el sentido de que, realmente, no se contempla en la documentación sellada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Informes al juzgado
La intención de los hombres de Laporta en el juicio es la de atajar con informes y análisis sobre esta cuestión que no es, paradójicamente, ni la pretensión principal de la demanda ni tampoco una derivada. Sólo se plantea, más que razonable, que la Comisión de Disciplina haga su trabajo formal de abrir un expediente y cerrarlo con su conclusión, ya se puede anticipar que contraria a la interpretación de los socios que, a su vez, también habían acuñado una previa procesal señalando a la Comisión Económica como cómplice y responsable de haber validado la tramitación del aparato financiero del Espai Barça.
Para los demandantes, el acuerdo asambleario de octubre de 2021 autorizaba a Laporta a gastar 1.500 millones para el Espai Barça y no invertir los 1.450 millones del Fondo de Titulización en pagar los continuos e irritantes retrasos y ñandúes de Limak.
Todavía no es la cuestión de la demanda del día 18, pero a la vista del volumen y de la carga argumental que la directiva ha anunciado da la sensación de que, por las razones que sean, tiene miedo de que la Comisión de Disciplina, aunque el veredicto sea contrario al criterio de los socios, dé pie a una demanda, esta vez sí, que afronte si ha habido incumplimiento estatutario.
Y se sabe que la directiva de Laporta si destaca por algo es precisamente para gobernar desde el primer día prescindiendo de forma impune de los estatutos. Así que es normal que actúe, en este caso, de manera prudente e incluso con un miedo desproporcionado.
Imaginarse, en el futuro, una sentencia de incumplimiento tendría terribles consecuencias económicas para los directivos responsables, incluso para aquellos que, como Eduard Romeu, hayan dimitido después de haber engañado, si fuera el caso, a los socios.
