El Gobierno de España ha aprobado este martes por separado el decreto de aumento de las pensiones en un 2,7% y un escudo social más flexible que el que decayó la semana pasada en el Congreso. La decisión de separar los decretos asegura el apoyo parlamentario a la actualización de las pensiones y busca acercar posiciones con Junts, muy crítico con las medidas contra los desahucios.
El decreto de la actualización de las pensiones ya cuenta con el apoyo de Junts y del PP y, por tanto, tiene garantizada la aprobación. Por otro lado, el ejecutivo español ha pactado con el PNV dejar a los pequeños propietarios exentos de la obligación de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad. Podemos, sin embargo, ha criticado el acuerdo con el PNV y ha afirmado que la pretensión de proteger a los propietarios y dejar «en la calle» a personas en situación de vulnerabilidad le da «asco».
El ejecutivo central, de momento, no ha abordado la cuestión de los desahucios con Junts, que quiere ver «la letra pequeña» y que teme que sea «insuficiente». No obstante, la portavoz del Gobierno español y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apelado al «diálogo» con el resto de formaciones para poder conseguir «las mayorías necesarias» para aprobar este nuevo decreto en el Congreso.
«Son medidas buenas, todas ellas, y yo preguntaría al PP qué le parecería mal de proteger a los más vulnerables para afrontar la factura de la luz o del agua», ha dicho Saiz, en referencia al resto de medidas del escudo social. De hecho, la ministra ha defendido el hecho de que el gobierno haya desvinculado el escudo social del decreto de pensiones para «no dar coartadas a nadie para posicionarse en contra».
Flexibilización de los desahucios
Según fuentes del Gobierno de España, el decreto pactado con el PNV «blinda» a las personas vulnerables ante eventuales desahucios «en viviendas que pertenezcan a fondos buitre o a grandes tenedores». Así pues, en el caso de propietarios de tres o más viviendas, y hasta las 10 de los considerados grandes tenedores, «se paraliza el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable». De esta manera, el ejecutivo abre la puerta a los desahucios cuando no se den estos dos supuestos.
En cuanto a los propietarios de una o dos viviendas, tal y como ha pactado con el PNV, «no se verán afectados por la prórroga de este escudo social» y «corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia». De esta manera, los propietarios de uno o dos pisos ya no deberán hacerse cargo de proporcionar esta alternativa habitacional. Además, el ejecutivo sostiene que se reforzarán las compensaciones para los propietarios, y recuerda que la semana pasada el Consejo de Ministros ya dotó con 300 millones de euros el sistema de avales.
Según los nacionalistas vascos, se trata de evitar que los pequeños propietarios se transformen en nuevos «ciudadanos vulnerables» en caso de impago o de ocupación. La modificación «permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos evitando que continúen los meses de impago». El PNV sostiene que es un «acuerdo de mínimos» que debe permitir «seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social».
El Sindicato de Inquilinas encuentra insuficiente el escudo social
El Sindicato de Inquilinas de Cataluña ha considerado «insuficiente» el decreto que flexibiliza las medidas antidesahucios porque, según argumenta, tiene un «alcance limitado y más restrictivo», y ha criticado que el ejecutivo español mejore la ley para los arrendadores en lugar de proteger a las familias en riesgo de desahucio. El portavoz de la entidad, Enric Aragonès, ha señalado que su aplicación requiere un procedimiento burocrático «prácticamente imposible» que recae sobre las familias vulnerables, y que su aceptación depende en última instancia de la discreción del juez.
Según ha alertado el Sindicato de Inquilinas, el nuevo decreto introduce excepciones y límites que facilitan que continúen los desahucios. Además, excluye de las situaciones de aplicación los casos en los que la familia vulnerable viva en una vivienda cuyo arrendador sólo tenga un piso de alquiler.
En este sentido, la entidad critica que, en el «peor» momento del mercado del alquiler, la decisión supone un «retroceso» en materia de vivienda y una «cesión clara» a los intereses de los propietarios y del sector inmobiliario. La moratoria aprobada es, afirman, un «parche» que no resuelve el problema de fondo.
