La crisis de Rodalies ha expuesto una contradicción: Eduard Gràcia, economista vinculado a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y considerado hombre de confianza de Carles Puigdemont, ocupa una silla en el consejo de administración de la operadora estatal Renfe mientras Junts per Catalunya critica públicamente la gestión y la falta de inversiones del servicio ferroviario.
Gràcia fue designado vocal del consejo de Renfe a finales de 2024 a raíz de un acuerdo de investidura estatal, con la misión —según la explicación oficial— de velar por los intereses de Cataluña desde dentro de una empresa que depende del Ministerio de Transportes. Su puesto conlleva remuneraciones del orden de unos 1.000 € por reunión y gastos de viaje.
La incoherencia que ha llamado la atención es que, mientras Junts carga contra el Estado y Renfe por la crisis de Rodalies —acompañado por críticas de figuras como Puigdemont sobre «ineptitud» y demandas de dimisiones—, su representante en el consejo de la operadora no ha abandonado el cargo, ni se ha hecho público ningún gesto de disidencia formal desde dentro del órgano decisorio. Esta disonancia entre discurso y presencia institucional ha sido percibido por analistas y sectores de la opinión pública como un elemento de contradicción del posicionamiento del partido, sobre todo porque Renfe es precisamente la empresa que opera el servicio que está en crisis.
En mensajes en redes se ha puesto el acento en esta doble moral: criticar desde fuera y permanecer como actor dentro de la institución que se critica.
