El concepto de extrema derecha se ha convertido en una categoría comodín. Se utiliza para designar fenómenos políticos muy diferentes entre sí, a menudo contradictorios, pero sirve para tranquilizar conciencias y ordenar el debate público en términos simples: hay un enemigo claro y reconocible. El problema es que esta simplificación impide entender qué está pasando realmente.
Bajo esta etiqueta conviven proyectos libertarios radicales con posiciones neoestatistas; regímenes abiertamente autoritarios con otros que operan dentro de marcos formalmente democráticos, pero crecientemente ilegales. Viktor Orbán en Hungría y Giorgia Meloni en Italia son un buen ejemplo: comparten retórica nacionalista y alianzas tácticas, pero sus modelos de poder, su relación con la Unión Europea, sus posiciones respecto a Ucrania y Rusia —casi opuestas— y su gestión institucional en el ámbito europeo son sustancialmente diferentes.
Lo que les une no es un programa económico coherente, sino un marco cultural y discursivo común: nacionalismo identitario, combate frontal contra el llamado «wokismo», cuestionamiento de las políticas de igualdad y una estigmatización persistente de la inmigración como causa principal de los males que afectan amplias capas de las clases medias empobrecidas y de las clases trabajadoras. El aumento del coste de la vida, la dificultad de acceso a la vivienda o una percepción de inseguridad —no siempre avalada por los datos— se canalizan políticamente mediante un relato sencillo y emocionalmente eficaz.
A partir de ahí, sin embargo, emergen al menos dos grandes corrientes claramente diferenciadas. Por un lado, una extrema derecha de base popular, nacionalista y xenófoba, que conecta con sectores sociales golpeados por décadas de precarización y pérdida de expectativas. Es una derecha que dice hablar en nombre del «pueblo», esencialmente populista, que promete protección y orden, y que encuentra en determinados colectivos migrantes el bochorno expiatorio perfecto para el malestar social.
Por otro lado, existe una corriente de naturaleza muy diferente: la de los tecno-libertarios y la oligarquía digital. Figuras como Peter Thiel, Marc Andreessen o el ideólogo Curtis Yarvin, así como determinados entornos de Silicon Valley, no están preocupados por la cohesión social ni por el futuro de las clases medias, sino por la concentración de capital, el control tecnológico y la erosión deliberada de la democracia representativa cuando ésta puede perjudicar sus intereses corporativos. Su visión del mundo se fundamenta en una especie de supremacismo intelectual: la convicción de que una minoría tecnológicamente avanzada debe gobernar sin las «interferencias» del voto y de la deliberación democrática. Y, a veces, parece que hayan leído Gramsci mejor que la izquierda.
En esta misma constelación hay que situar a Alex Karp, fundador de Palantir, cuya concepción del poder combina una retórica liberal con una defensa explícita de la vigilancia masiva, la securitización de la política y la subordinación de los derechos civiles a objetivos estratégicos. Aquí, la hegemonía no se construye sólo desde el discurso cultural, sino desde la propia infraestructura tecnológica, confirmando —como advertía Gramsci— que quien controla los aparatos materiales del poder acaba modelando el sentido común.
Esta corriente no rechaza al Estado, pero lo quiere reducido a su función coercitiva y despojado de cualquier ambición redistributiva. Encuentra aliados en liderazgos autoritarios siempre que éstos faciliten desregulación, ventajas fiscales y control de datos en las tecnologías emergentes. La alianza entre poder político ilegal y tecno-oligarquía o tecno-feudalismo es hoy una de las claves del nuevo ciclo reaccionario.
En este contexto, conviene preguntarse qué tienen realmente en común líderes como Javier Milei y Narendra Modi, más allá de ciertos rasgos autoritarios o de una retórica nacionalista. Operan en contextos económicos, sociales y culturales muy diferentes, con bases sociales y objetivos estratégicos divergentes. Agruparlos sin matices bajo una misma etiqueta no sólo es analíticamente pobre, sino políticamente ineficaz y limitador a la hora de redefinir estrategias contundentes de combate contra estos planteamientos.
Quizás el verdadero reto no es denunciar genéricamente «la extrema derecha», sino entender sus diferentes formas, alianzas y contradicciones internas. Sólo así será posible construir una respuesta democrática que no se limite a la indignación moral, sino que vuelva a ofrecer seguridad material, horizonte colectivo y sentido político a unas sociedades cada vez más desorientadas.
