El Parlamento de Cataluña ha aprobado finalmente este jueves la reforma para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad, equiparándolos con los Mossos d’Esquadra. Se trata de una proposición de ley del PSC que ha recibido 103 votos favorables, con Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana.
Por su parte, ERC, Comuns y la CUP habían presentado una enmienda a la totalidad conjunta, que ha sido rechazada. Estos grupos han visto un «retroceso» y han alertado de que «no aportará ninguna solución» a los centros penitenciarios. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato de Núria López, cocinera en la cárcel de Mas d’Enric, a manos de un interno.
Concretamente, la reforma aprobada consta de un artículo único que reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios que trabajan en funciones de régimen interior. El objetivo, según el texto, es «dar seguridad y protección jurídica» a estos trabajadores. También recoge la obligación de la Generalitat de indemnizarles en caso de lesiones y daños materiales en el ámbito de su trabajo, siempre que no haya dolo o negligencia.
Críticas de los grupos parlamentarios
Pese a apoyar la reforma, tanto el PPC como Vox la han considerado insuficiente y poco ambiciosa. Por parte de los populares, el diputado Alberto Villagrasa ha lamentado que «ahora mismo, la cocinera Núria López, asesinada en Mas d’Enric, no tendría la condición de agente de la autoridad», y ha citado otros casos como el de monitores de talleres o deportivos. Desde Vox, el diputado Sergio Macián ha apostado por dotar a los trabajadores con armas de coerción.
Por parte de ERC, la diputada Ana Balsera ha alertado de que la reforma aprobada este jueves «no es la solución» y que no se trata de enfrentar a funcionarios contra internos. En este sentido, la diputada republicana ha lamentado que esta «ampliación de poder puede generar más problemas y conflictos que los que pretende resolver».
En la misma línea, el diputado de Comuns Andrés García Berrio ha señalado que «considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad puede tener consecuencias negativas en el día a día de los centros», y ha asegurado que «hay muchos más riesgos que posibles beneficios». Por parte de la CUP, el diputado Xavier Pellicer se ha amparado en entidades de derechos humanos para indicar que la medida «sólo generará más impunidad y vulneraciones de derechos».
«Rechazo frontal» de entidades de derechos humanos
Las organizaciones de derechos humanos integradas en la Red Derecho y Prisión han manifestado su «rechazo frontal» a la aprobación de la equiparación del personal penitenciario con agentes de la autoridad al considerarlo una medida «claramente regresiva» en derechos que «encamina de manera definitiva el modelo penitenciario catalán hacia la policialización», como dicen que ha pasado en Italia.
En un comunicado, las entidades aseguran que «este hecho no produce ningún cambio en el ámbito práctico, porque el Código Penal ya castiga cualquier acometida contra los funcionarios públicos, con independencia de su condición de agentes de la autoridad o no. Al mismo tiempo, sí que se introducirá una sanción penal, además de la disciplinaria, en lo que respecta a la desobediencia a los funcionarios de prisiones, produciéndose en estos casos un doble castigo sin fundamento«.
«Esta tendencia se encamina hacia un endurecimiento significativo del régimen penitenciario, en detrimento del modelo rehabilitador que ordena expresamente la Constitución española. Consideramos incomprensible que un Parlamento autonómico pueda modificar la letra y el espíritu de una ley estatal como la Ley Penitenciaria, una norma de carácter progresista que establece de manera expresa el carácter civil del personal funcionario penitenciario», afirman las entidades.
En cuanto a la propuesta de enmienda presentada por el grupo parlamentario de Junts, que extiende la consideración de agentes de la autoridad a todo el personal de tratamiento -y no únicamente al personal de régimen-, la Red Derecho y Prisión señala que las funciones de estos trabajadores no son de vigilancia regimental, sino de carácter reeducador, motivo por el que apuntan que esta nueva consideración «altera profundamente su carácter, funciones y espíritu de intervención».
Las entidades también recuerdan que, si se dota a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de la autoridad, se les otorgará presunción de veracidad en los expedientes disciplinarios, por lo que «los internos tendrían pocas o nulas posibilidades de defensa de lo que diga cualquier funcionario en su contra, y se establecería una mayor indefensión por los presos ante las faltas disciplinarias.. Es decir, la versión de los funcionarios en un expediente disciplinario, salvo prueba en su contra, podrá implicar la aplicación del aislamiento en celda, privación de paseos, privación de salidas, entre otros».
Además, la Red Derecho y Prisión advierte de que esta nueva consideración «producirá una grave desigualdad»: «Una persona privada de libertad en Cataluña que cometa una infracción de desobediencia grave a un funcionario de prisiones, sea de régimen o de tratamiento, podrá ser sancionada doblemente por la vía disciplinaria y la penal, mientras que una persona en la misma situación en el resto del Estado español no lo será, vulnerándose así un principio elemental de igualdad dentro del mismo sistema penitenciario».
CSIF y Marea Azul celebran la reforma
Por contra, el sindicato CSIF ha celebrado que «este reconocimiento supone una protección penal reforzada ante las agresiones, la presunción de veracidad de los informes y comunicados de hechos, así como otros efectos jurídicos equiparables a los de los cuerpos policiales». Además, ha valorado positivamente que finalmente, mediante enmiendas, se haya incorporado el personal de tratamiento, también expuesto a situaciones de riesgo.
«El personal penitenciario es un colectivo agredido, expuesto y sistemáticamente invisibilizado, a menudo utilizado como chivo expiatorio ideológico por aquellos que no pisan los centros ni asumen responsabilidades en materia de seguridad. CSIF recuerda que se trata de profesionales públicos esenciales, que garantizan la seguridad de los centros, protegen derechos fundamentales y trabajan cada día para que la reinserción sea una realidad», ha señalado el sindicato, que ha criticado el rechazo de ERC a la reforma.
Por su parte, la plataforma de trabajadores de prisiones Marea Azul ha considerado la aprobación un «hito histórico» que «equipara a los funcionarios penitenciarios catalanes con la mayoría de sus homólogos europeos, corrigiendo una anomalía histórica y dotándolos de una mayor protección laboral y jurídica en sus actuaciones».
