El Gobierno de la Generalitat está dispuesto a mantener la actual bonificación del 30% en el transporte público hasta 2028, como mínimo. Así lo ha anunciado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en la sesión de control en el Parlament ante la petición de la líder de Comunes, Jéssica Albiach.
Comuns ha sido el unico grupo parlamentario que no ha pedido la dimisión de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Así, los grupos de Junts, ERC, PP, Vox y CUP han insistido en reclamar el cese de Paneque, que ha recibido el apoyo del Gobierno catalán, con un aplauso a su trabajo durante estos días del descalabro en Rodalies.
Dalmau, tanto en la sesión de control como en su intervención para debatir la crisis en Cercanías, ha reiterado la mano tendida a todos los grupos parlamentarios para trabajar en la resolución de la crisis en la red ferroviaria.
Además de pedir disculpas a la ciudadanía, Dalmau ha hecho una cronología desde que un muro cayó el 21 de enero encima de una máquina en Gelida, lo que llevó a la muerte del maquinista en prácticas y a la posterior suspensión del servicio.
Dalmau ha explicado que desde la Generalitat se puso por delante la seguridad de la ciudadanía frente al mantenimiento del servicio. Ha dicho que hoy Adif tiene detectados 30 puntos negros en la red ferroviaria, los cuales hay que trabajar para arreglarlo.
«No hay soluciones mágicas», ha afirmado Dalmau, quien ha reclamado un pacto de país por la refundación de las Rodalies. «Tenemos vías antiguas, trenes viejos y una gestión obsoleta», ha manifestado Dalmau. Por ello, ha detallado que se están haciendo las inversiones, aún no suficientes, para revertir las vías; 110 nuevos trenes durante 2026 entrarán en funcionamiento sólo reciban la aprobación de la autoridad y, finalmente, un cambio en la gestión, con la nueva empresa Rodalies de Cataluña, que a partir de enero de 2027 debe ser la que gestione las cercanías de Cataluña.
La oposición quiere ceses
Los grupos parlamentarios de Junts, ERC, PPC, Vox y CUP han insistido en reclamar dimisiones al Gobierno por la crisis de Rodalies. Tanto durante la sesión de control como en el pleno en el Parlament, la oposición ha vuelto a criticar la gestión del Gobierno catalán.
La presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, ha reiterado la necesidad de que Paneque dimita o bien sea cesada por su negligencia en un colapso anunciado, no saber gestionar la crisis y, por tanto, no poder liderar la solución. «Rodalies es un sistema fallido», ha asegurado y ha pedido que sea Ferrocarriles de la Generalitat la que gestione las cercanías, por lo que ha exigido que se detenga el traspaso a la nueva empresa Rodalies de Cataluña.
Desde ERC, Ester Capella, ha recordado que se trata de una crisis estructural de un «sistema frágil, infrafinanciado y mal gobernado».
Capella ha pedido al Gobierno catalán que reclame que el Estado asuma el coste económico y las responsabilidades del caos de Rodalies. La portavoz de ERC ha reclamado un informe del sobrecoste de los efectos del caos ferroviario y ha enumerado el coste de incrementar los planes alternativos de transporte; el incremento de la frecuencia de los FGC; las levantadas de barreras de los peajes; y la asunción económica en los ámbitos laboral y educativo.
Por parte del PP, Alejandro Fernández ha acusado tanto a Esquerra como a Junts de ser «los cooperadores necesarios» en la crisis ferroviaria, ya que mantienen altos cargos en el sector, aunque ha remarcado que «los máximos responsables son el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro y consejera de Transportes, Óscar Puente y Sílvia Paneque».
Fernández ha insistido en las dimisiones de Puente y Paneque para «vender humo» antes del estallido de la crisis de trenes. Asimismo, ha reprochado al PSC, ERC y Junts seguir responsabilizando al expresidente popular español, Mariano Rajoy, de la desinversión en lugar de Sánchez, por «taparle las vergüenzas».
Jéssica Albiach, líder de los Comuns en el Parlament, también ha exigido a Dalmau a dejar claro tanto a Adif como a Renfe que las decisiones las toma la Generalitat. El cese de los dos altos cargos de estas empresas podían ser debido a menospreciar las instrucciones de la Generalitat.
Los Comuns han pedido una auditoría periódica pública para conocer el estado de las vías: «Hacen falta soluciones reales y efectivas», ha afirmado Albiach.
