Recientemente, el Laboratorio de Desigualdad Mundial publicó un informe en el que se demuestra que el 10% de las personas con mayores ingresos de la población mundial gana más que el 90% restante, y que alrededor del 1% del PIB mundial (aproximadamente tres veces más que la ayuda al desarrollo) va de los países más pobres a los más ricos. Somos muchos los que nos preguntamos si no estamos ante un comportamiento delictivo moral además de otros delitos. No es menos cierto que ciertos sectores consideran que poner límites a la riqueza son una afrenta a la libertad. La pregunta crucial es ¿qué argumentos podemos aportar para hacer que el limitar la riqueza sea compatible con la idea de la libertad y la Justicia en general?
En los últimos años, se está debatiendo a nivel internacional las razones por las que deberíamos poner límites a la riqueza de los archimillonarios. De entre los motivos más relevantes hay que señalar que los archimillonarios no rinden cuentas ante la ley, como si lo hace el ciudadano de la clase media. Pero además hay que decir que la gran riqueza ciega a quienes la detentan y que los archimillonarios por regla general apoyan la autocracia. La gran cuestión por tanto es ¿cuál debería ser el límite a la riqueza y cómo se debería calcular? Por el momento los expertos no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo.
Ingrid Robeyns (1972, Lovaina, Bélgica), en un extraordinario libro “Limitarianism (2024)”, puso por primera vez los límites a la riqueza en la agenda de la economía política. Entre otras denuncias, I. Robeyns clama que además de la erosión de la democracia, la concentración extrema de la riqueza aumenta la pobreza y agrava el cambio climático. Una forma rápida de desconcentrar la riqueza sería poniendo límites a las herencias. Ya en el siglo XIX, John Stuart Mill (Principios de Economía Política, vol. I, Libro II, Cap. 2, §4) propuso que la herencia máxima de un individuo debería limitarse a la cantidad de riqueza necesaria para vivir cómodamente, sin tener que trabajar. Otra manera es a través de los impuestos directos que, una vez recaudados serían destinados a financiar los bienes y servicios públicos, básicamente la asistencia médica universal, la educación a todos los niveles y ayudas sociales tanto a los jóvenes como a los jubilados en situación precaria. Todo ello sin descartar una financiación robusta de las fuerzas de seguridad del estado y el estamento jurídico.
Otra manera sería tomar medidas contra la acumulación de riqueza (y por tanto de poder social y político) en las empresas privadas. Es fundamental reconocer y denunciar que enormes fortunas se han acumulado mediante estrategias empresariales de suma cero o incluso de suma negativa. Es decir, estrategias que no contribuyen en términos netos al bienestar humano, sino que simplemente explotan a otras personas, trasladan los riesgos a los vulnerables, degradan innecesariamente el medio ambiente, etc. Paso a describir sucintamente dos casos principales.
Los denominados “Capital privado buitre”. Las firmas de capital privado logran ser enormemente rentables debido a que la mayoría de las ganancias no se generan al lograr que las empresas adquiridas fabriquen mejores productos o presten mejores servicios, sino mediante juegos financieros que aumentan las ganancias a expensas de todas las contrapartes de las empresas adquiridas: clientes, trabajadores, proveedores, vendedores, gobiernos locales y la comunidad en general. Algunos de estos juegos financieros se llevan a cabo incluso a expensas de las empresas adquiridas, mediante la quiebra estratégica.
Subcontratación de la prestación de servicios públicos, que es una función estatal o privada, pero sin fines de lucro, a corporaciones con fines de lucro. La evidencia en numerosos países (España entre ellos) muestra que las corporaciones con fines de lucro prestan servicios públicos de peor calidad a costos enormemente inflados en comparación con los servicios civiles de los estados democráticos. Los únicos beneficiados son un pequeño número de élites corporativas y grandes accionistas. Esto también tiene un gran coste para la propia democracia, para los servicios educativos y de salud, ya que la prestación gubernamental directa es mejor que la externalización.
Combustibles fósiles. Los combustibles fósiles presentan un caso mixto, dado que fueron necesarios para alcanzar la prosperidad y aún dependemos de ellos. Sin embargo, sus inmensas externalidades negativas para la salud humana, la catástrofe climática y la devastación ambiental, se pueden evitar con las energías verdes, que tienen relativamente un coste inferior y abogan por la sustitución rápida y técnicamente viable de la energía fósil por energía eólica, solar, geotérmica y posiblemente nuclear. Una gestión adecuada de la transición energética también podría desconcentrar la riqueza, por ejemplo, facilitando el crecimiento de servicios públicos verdes de propiedad municipal, que eventualmente reemplazarían la actual estructura de servicios públicos dominada por monopolios con fines de lucro y una regulación muy débil.
Un caso a tener en cuenta y estudiar detenidamente es el de China, que ahora utiliza las mismas tácticas colonialistas con los países menos desarrollados que las potencias coloniales occidentales. Su, yo diría, astuta gestión de la inversión extranjera a partir de la década de 1990, se basó en el control mayoritario de las empresas receptoras de inversión extranjera y en la transferencia de la propiedad intelectual utilizada por dichas empresas. De este modo, pudo ascender en la cadena de valor e invertir las ganancias en su propio desarrollo. Ese modelo debería ser la norma para toda inversión extranjera.
Finalmente, quisiera decir que la justificación de la propiedad privada reside en su capacidad para expandir enormemente la libertad y las oportunidades reales de las personas, no solo de los propietarios, sino de todos. Sin embargo, necesitamos un marco normativo para analizar las normas de propiedad, de modo que se tengan en cuenta los intereses de todos. De lo que se trata como argumentó el filósofo J. Rawls (USA, 1921-2002), es que dicho marco respaldase un sistema ampliamente igualitario, de modo que las ganancias para los más ricos deberían justificarse como necesarias para generar ganancias para los menos favorecidos.
El problema surge cuando los extremadamente ricos se apropian del proceso político democrático y conviertan las democracias formales en oligarquías de facto. Estamos viendo que esto sucede actualmente en Estados Unidos, India, Hungría y otros países que sufren un retroceso democrático. El problema también radica en que, cuando la riqueza se concentra en unas pocas corporaciones, estas pueden usar su poder privado para transformar drásticamente el funcionamiento de toda la economía sin la mediación del Estado y sin necesidad del consentimiento de las personas cuyas vidas están alterando, a menudo, para su ruina.
Hoy, los gigantes tecnológicos pueden imponer su visión a todos los demás sin que la gran mayoría de la gente tenga voz y voto y eso es “dominación”, es decir, la pérdida de la libertad para cualquiera que no forme parte de un pequeño grupo de tomadores de decisiones que pueden imponer su visión a todos los demás. Todo ello sin olvidar que la arrogancia y la vanagloria (caso del Sr. Trump por ejemplo) son producto de la inmensa riqueza y del poder irresponsable que esa riqueza conlleva sobre los demás.
¿No creéis que ya ha llegado la hora de poner límites a la riqueza extrema?
