El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha advertido este martes en el Congreso de los Diputados que votar contra el decreto ómnibus sobre actualización de las pensiones y moratoria de desahucios es «hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua y una vivienda, a desempleados, y a víctimas de la dana y de los incendios forestales».
Bolaños se ha dirigido en estos términos a formaciones como Junts y el PP, que se oponen al texto y acusan al Gobierno de España de «hacer chantaje» aglutinando dentro del decreto cuestiones que, según ellos, no tienen «nada que ver» con las pensiones. «Está en su mano beneficiar a millones de personas o hacerles daño», ha sentenciado el ministro.
Ni el PP ni Junts
El decreto ómnibus se votará este martes por la tarde sin tener, de entrada, asegurados los apoyos necesarios. El PP ha anunciado su voto en contra y Junts ha rechazado la iniciativa porque considera que perjudica a los pequeños propietarios con la prórroga de la moratoria de los desahucios. Además, el partido de Carles Puigdemont critica que el PSOE vincule el aumento de las pensiones a otras medidas que considera ajenas.
El ministro Bolaños ha defendido que apoyar el decreto es apostar por pensiones más altas, suministros básicos garantizados, protección ante los desahucios y ayudas fiscales a colectivos vulnerables. También ha recordado que Junts avaló un decreto con medidas «sustancialmente idénticas» el año pasado, y ha reclamado coherencia.
Las medidas del decreto ómnibus
El decreto ómnibus prevé la revalorización de las pensiones en un 2,7% este año y prorroga hasta finales de 2026 año la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables, con compensaciones a los propietarios. También mantiene los descuentos del bono social eléctrico, la garantía de suministros básicos y la vigencia del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 hasta la aprobación correspondiente a 2026.
En el ámbito laboral, prohíbe despidos en empresas con ayudas públicas por el aumento de los costes energéticos o acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la guerra de Ucrania. Además, amplía medidas fiscales para autónomos, incentivos a la movilidad eléctrica y apoyo a los afectados por incendios y la dana. Finalmente, actualiza los anticipos a comunidades y entidades locales, regula el endeudamiento autonómico para 2026 y elimina la obligación de declarar el IRPF para los perceptores de desempleo.
