Nadie puede discutir que la decisión de invitar a la denostada, criminalizada, odiada y repudiada Grada d’Animació por decisión personal de Joan Laporta a participar y ocupar el nuevo espacio de animación en el Gold Sud del Spotify es un movimiento electoral interesado para hacerse perdonar ante la afición y, en la medida de lo posible, recuperar el voto de una serie de colectivos, Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Supporters Barça y Front 532, que precisamente ayer, 23 de enero, iba a presentar una especie de frente común antilaportista en respuesta a sus políticas radicales de ‘apartheid’.
Alguien le hizo comprender a Laporta que el volumen de adhesiones a esta iniciativa abiertamente contraria a la directiva había acumulado unas diez mil adhesiones de las cuales la mitad correspondientes a socios con derecho a voto. Peligro.
Sin pestañear, Laporta aceptó modificar el veto, el castigo y la persecución infringidos a lo largo de estos tres años por una actitud opuesta de diálogo, de tender la mano y de encontrar un marco de acuerdo y colaboración, básicamente las tres peticiones planteadas por los miembros de la Grada d’Animació durante los meses de crisis previos y tras el portazo y expulsión de sus miembros.
La maniobra conseguirá, con éxito, dividir y, por tanto, debilitar este frente opositor verdaderamente activo y con capacidad de movilización. De momento, cancelando el acto del 23-E y promoviendo diferentes reacciones, unas de recelo y rechazo y otras favorables a aceptar renegociar. Todos saben, en cualquier caso, que la finalidad de Laporta es amortiguar el golpe electoral y posteriormente echarlos otra vez de la nueva grada Gol 1957.
La cuestión es si, a la vista de esta marcha atrás por puro interés y estrategia electoral, la vicepresidenta Elena Fort debería dimitir por vergüenza, dignidad, coherencia y un mínimo sentido del ridículo. No lo hará porque necesita demasiado el cargo para sus intereses personales, familiares y laborales.
Pero ahí van a quedar para la posteridad, como los cientos de sus tuits del pasado que criticaban a Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por errores y malas decisiones que ella misma ha cometido, corregidos y aumentados hasta el ridículo, los argumentos y posturas presuntamente inamovibles y definitivas sobre el cierre a la Grada d’Animació heredada, la misma que tanto aplaudió Laporta en 2021 prometiendo más apoyo e inversión y luego acosó y persiguió hasta suprimirla.
Elerna Fort argumentó que la decisión de cerrar sine die el Espai d’Animació en Montjuïc se debía principalmente al incumplimiento de obligaciones por parte de los grupos que lo conformaban, entre las que destacaba el impago de sanciones acumuladas. Esta razón fue esgrimida de manera pública para justificar la medida. Sin embargo, en reuniones mantenidas con socios jóvenes, la vicepresidenta Elena Fort reconoció que el cierre se habría producido igualmente, ya que existía desde el inicio una decisión estratégica de modificar el modelo de animación, independientemente de los expedientes sancionadores en curso. Además, Fort manifestó de forma explícita el rechazo de la junta directiva hacia los cuatro grupos que integraban el Espai d’Animació. Según sus declaraciones, la intención era romper con el modelo anterior y dejar claro que estos colectivos no tenían cabida en la nueva concepción de la grada, promoviendo así una ruptura con el pasado.
Uno de los ejes discursivos de Fort para defender el nuevo modelo había sido la necesidad de “democratizar” la grada de animación. Según su perspectiva, el problema principal del modelo anterior radicaba en su carácter excesivamente “cerrado”, ya que la animación quedaba concentrada en manos de un colectivo muy específico. Por ello, se apostaba por abrir la grada a otros socios, especialmente jóvenes, con el objetivo de diversificar la animación.
Fort también insistió en que la animación del estadio no puede ser patrimonio exclusivo de un solo grupo de Penyes o ultras, sino que debe estar abierta a “todo el estadio”.
Otro argumento utilizado fue la necesidad de adaptar la grada de animación a las normativas establecidas por LaLiga y los Mossos d’Esquadra. De este modo, el rediseño se presenta como una obligación derivada del cumplimiento regulatorio y de seguridad, y no únicamente como una opción política de la directiva.
Según ella, el proyecto de la nueva grada joven, Gol 1957, introducía restricciones claras en cuanto a la franja de edad de los participantes, limitando la admisión a socios de entre 18 y 25 años. Quedaban excluidos, por tanto, aquellos que superaban ese rango, incluso si han formado parte históricamente de la animación.
También se establecía como criterio prioritario la antigüedad en la lista de espera —más de cinco años— y la obligación de asistir, como mínimo, al 80% de los partidos.
Por último, se exigía que los nuevos integrantes de la grada no hubieran sido expedientados ni sancionados previamente, lo que, en la práctica, suponía el veto para buena parte de los miembros de la antigua Grada d’Animació y de los grupos históricos que acumulaban, a raíz de las multas (21.000 euros) antecedentes disciplinarios o de seguridad.
SI ahora no dimite, después de soportar, además, las inquebrantable muestras de adhesión y normalización de las relaciones de Laporta y el Barça con países árabes que pare ella constituían una línea roja en materia de respeto, defensa y protección de la igualdad de género, es que, demostradamente, nunca llegó a la directiva para defender los valores del barcelonismo, sino para aprovecharse del cargo y aceptar, de Laporta, todas las vejaciones que, como vicepresidenta, también como embustera oficial para el Espai Barça, ha debido soportar.
