La Unión Sindical de Andorra (USdA) alerta que la reforma de la Ley de relaciones laborales, actualmente en trámite parlamentario, no aborda los problemas estructurales del sistema laboral andorrano y “consolida un modelo sin derechos colectivos reales”, especialmente en el sector privado. El sindicato asegura que el diagnóstico oficial del Gobierno no refleja la “realidad efectiva del sistema laboral andorrano” y denuncia que el relato institucional está “muy alejado” de la situación real.
El sindicato que lidera Gabriel Ubach advierte que equiparar la realidad del sector privado con la del sector público genera “confusión” y permite proyectar una imagen de consenso sindical que, según afirma, “no existe en el sector privado”. Además, apunta que los sindicatos del sector público operan bajo marcos legales y condiciones diferentes, hecho que distorsiona la percepción del diálogo social real.
El sindicato aporta datos oficiales sobre la negociación colectiva en el país. Actualmente, solo 14 empresas disponen de algún instrumento colectivo registrado, y de éstas, solo cuatro cuentan con un convenio colectivo de empresa. Además, en los últimos 12 años solo se han firmado cuatro convenios colectivos en Andorra, todos correspondientes a empresas del sector público o parapúblico. Según la USdA, estas cifras “desmontan el discurso gubernamental” y evidencian la debilidad del diálogo social en el sector privado.
El sindicato considera que este balance “no puede presentarse como un avance”, sino como “una renuncia política deliberada a garantizar derechos colectivos reales”. En este sentido, atribuye la falta de negociación colectiva a la persistencia en el ordenamiento laboral del despido no causal, una figura que califica de “elemento disuasivo fundamental”, puesto que, según afirma, “convierte cualquier derecho colectivo en papel mojado” y contraviene la Carta Social Europea.
Durante las negociaciones con la patronal, la USdA asegura haber propuesto medidas para hacer viable una negociación colectiva efectiva, como la financiación para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, la promoción activa de la representación sindical y mecanismos de protección ante represalias. Según el sindicato, todas estas propuestas fueron rechazadas tanto por la patronal como por el Gobierno, hecho que ha derivado en una reforma que “no altera el equilibrio de poder existente” y que “perpetúa un modelo laboral basado en el miedo y la precariedad”.
El sindicato atribuye la responsabilidad política de la situación a la ministra Conxita Marsol, al jefe del Gobierno, Xavier Espot, y a los grupos parlamentarios Demòcrates (DA) y Ciutadans Compromesos, a los cuales insta a “corregir esta reforma o consolidar definitivamente un modelo laboral sin derechos colectivos reales en el sector privado”. La USdA afirma que “el problema no es la falta de diálogo, sino la falta de voluntad política”, y advierte que “sin convenios colectivos, sin protección ante el despido arbitrario y sin derechos colectivos efectivos, el diálogo social en Andorra no existe”.
Inspección de Trabajo no funciona
Además, la USdA denuncia que el Servicio de Inspección de Trabajo no está ejerciendo de manera efectiva su función de garante de los derechos laborales. En un comunicado, el sindicato asegura que el sistema actual “no da respuesta a los trabajadores” y deja desprotegidas a las personas que denuncian irregularidades en las empresas.
Según el sindicato, Inspección de Trabajo a menudo no admite a trámite las denuncias presentadas por los asalariados y, cuando lo hace, puede llegar a tardar más de 24 meses en actuar, un retraso que, a su entender, “vacía de contenido cualquier derecho laboral”. El sindicato considera especialmente grave que, cuando los conflictos llegan a los juzgados, en muchos casos no existe ninguna resolución previa del servicio de Inspección, a pesar de que la denuncia se haya presentado con mucha antelación.
