Ya lo he repetido en más de un artículo: me habría gustado la ‘lluna en un cove’, como reclama Junts —un concierto económico para Cataluña, con capacidad plena de recaudación y gestión, alejado de la dependencia del régimen común. Pero la política es el arte de los posibles, no un ejercicio de lirismo. Y mientras este horizonte no llega, lo que no nos podemos permitir es quedarnos quietos ni oponernos sistemáticamente a cualquier acuerdo, sobre todo cuando este mejora de manera sustancial la fotografía actual.
El pacto entre el gobierno español y ERC sobre el nuevo modelo de financiación autonómica no es el concierto económico que algunos reclaman, pero tampoco es una simple operación cosmética. No altera la arquitectura básica del sistema, cierto, pero introduce cambios relevantes: más recursos, una revisión de criterios como la población ajustada y una mejora tangible para Cataluña y para el conjunto de comunidades autónomas. No es el final del camino, pero sí un paso adelante respecto a un statu quo claramente insuficiente.
Desde Junts, la reacción ha sido la prevista: denuncia de sumisión, acusaciones de renuncia y la reiteración del mantra de que sin concierto económico no hay nada que celebrar. Es una posición coherente con su relato, pero cada vez más alejada de la política real. Porque una cosa es mantener una reivindicación legítima, y otra convertirla en una excusa para rechazar cualquier avance que no sea absoluto.
Aquí es donde emerge una grieta significativa dentro del mismo espacio posconvergente. Cada vez son más los alcaldes y cargos municipales de Junts que, lejos del foco mediático y del maximalismo discursivo, reclaman pragmatismo. Saben que con grandes proclamas no se pagan nóminas ni se sostienen servicios públicos. Saben que gobernar es gestionar lo que hay, no solo proclamar lo que querías tener.
Este pragmatismo no es ninguna traición, sino una tradición política bien conocida en Cataluña. Se llamaba —con menos complejos que ahora— ‘peix al cove’. Jordi Pujol lo practicó durante décadas, con todas sus luces y sombras, pero con una premisa clara: cada acuerdo que mejoraba el autogobierno o los recursos del país era un paso que valía la pena hacer. Esperarlo todo o no hacer nada acostumbra a ser una decisión muy cómoda… cuando no gobiernas.
La política de máximos es seductora en los discursos, pero estéril en la gestión cotidiana. La de mínimos, en cambio, es la que permite avanzar, aunque sea de manera imperfecta. Rechazar un acuerdo que mejora objetivamente la situación solo porque no es lo ideal equivale, en la práctica, a defender que nada cambie. Y eso, disfrazado de firmeza, a menudo no es nada más que inmovilismo.
El debate sobre el concierto económico es legítimo y necesario. Pero no puede servir de excusa para negar cualquier progreso intermedio. Porque la política no es un ejercicio de pureza doctrinal, sino una suma de decisiones imperfectas orientadas a mejorar la realidad. Y hoy, este pacto —sin ser la luna— llena un poco más el cove.