El juicio correspondiente a la pieza principal sobre la explosión de la planta de IQOXE en La Canonja, el 14 de enero de 2020, aún no tiene fecha, y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT) ha pedido que no se retrase más por respeto a las familias de las tres víctimas mortales.
Este caso, en el que va a juzgarse a la cúpula de la empresa, no sólo no tiene fecha, sino que es «imposible» que se programe para celebrarse este año, según fuentes de la Fiscalía de Tarragona citadas por la Agencia Catalana de Noticias (ACN), ya que no se ha llevado a cabo ningún trámite desde su entrada en la Audiencia Provincial, el pasado mes de julio.
Coincidiendo con el sexto aniversario del accidente, donde fallecieron dos trabajadores de la compañía y un vecino del barrio de Torreforta, el presidente de la FAVT, Alfonso López, ha pedido también un plan de seguridad «serio» del sector químico que no esté «subordinado a intereses económicos».
«Estamos preocupados porque el juicio debería haberse celebrado en 2024, dicen que hasta 2027 no se hará, la justicia va muy tarde y no debería ir tan tarde en este caso», ha manifestado. López también ha considerado que los heridos y los familiares de las víctimas no podrán «pasar página» hasta que no se haga el juicio, aunque ya haya habido acuerdos con la compañía.
La pieza principal
Respecto a la pieza principal, la Fiscalía hizo públicas sus peticiones en noviembre de 2023: once años de prisión para cada uno de los tres exdirectivos de IQOXE por las consecuencias de la explosión. Se trata de José Luís Morlanes, exdirector general de IQOXE; Juan Manuel Rodríguez Prats, exdirector de planta; y Gerard Adrio, responsable de seguridad cuando se produjo la explosión.
La petición más elevada son seis años de cárcel por un delito de homicidio imprudente, además de tres años por un delito de funcionamiento habitual de la empresa en condiciones inadecuadas de seguridad, y dos años más por un delito contra los derechos de los trabajadores. El Ministerio Público también solicita para la empresa, como persona jurídica, 900.000 euros de multa por estragos y condiciones inadecuadas de seguridad, y seis años de intervención judicial.
La pieza sobre los vertidos
Por otro lado, fuentes de Fiscalía explican que continúa abierta la instrucción de la pieza separada sobre los vertidos en el mar, ya que está pendiente de señalar una nueva fecha para las declaraciones de agentes de los Mossos d’Esquadra. En abril de 2025, la Audiencia estimó el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, que pedía que el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona citara a declarar nuevamente a los agentes que intervinieron en los informes enviados al Instituto Nacional de Toxicología. El objetivo de estas declaraciones es concretar de dónde se obtuvieron los datos de los derramamientos para elaborar los informes, según las mismas fuentes.
La pieza del reactor
En cuanto a la pieza separada del reactor clandestino, el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona envió a juicio a la cúpula de IQOXE en mayo de 2024. En este caso se investiga si la compañía química usaba un reactor sin autorización, el U-350. Tanto las defensas de los acusados como el ministerio público interpusieron un recurso de apelación en el auto del juzgado.
