Joan Laporta ha destacado en los últimos años por no ejercer su supuesta y teórica profesión como abogado, más allá de que su bufete siga abierto. En cambio, sí que aplica a su modus operandi personal el principio extremo de la presunción de inocencia y el recurso, tanto hábil como abusivo, de la maquinaria judicial con el propósito exclusivo de retrasar, complicar y torpedear las causas contra sus intereses, si se trata del Barça, y del amparo que, en el ámbito personal, es capaz de forzar simplemente proyectando dudas serias sobre las pruebas y evidencias que, inicialmente, parecen condenarlo.
Así, si se presenta ante el juez como querellado por una estafa (casos Reus 1, 2, 3 y 4, de momento), primero niega cualquier relación con la sociedad señalada y después, cuando se demuestra que era él quien movía los hilos, se limita a declarar que el negocio no salió como esperaba. Mala suerte para los inversores.
Más o menos, el mismo proceder que cuando aparecieron cheques a su nombre de Uzbekistán por 10 millones, justificó su cobro ante el juez presentando facturas como asesor en materia de construcción y despliegue de oleoductos. Sin parpadear ni ruborizarse.
Laporta sabe que, por la naturaleza y dinámica de la administración de justicia, o bien acaba escurriendo el bulto o bien, como ocurre ahora, sólo una diminuta representación de su legión de críticos, socios opositores o inversores arruinados que se sienten estafados en la misma medida, apuesta por perder tiempo, dinero y energía en causas judiciales que con suerte pueden tardar años en resolverse.
Ahora mismo, Laporta sólo se enfrenta, en asuntos de temática azulgrana derivados de su gestión y al margen del caso Negreira, a pequeños escarceos judiciales, casi anónimos, a pesar de su demostrado y fehaciente incumplimiento estatutario sobre el Espai Barça que, para empezar, él mismo se encarga de bloquear desde el club, dilatando y saltándose con absoluta despreocupación los plazos y derechos de los socios ante la Comisión de Disciplina, principalmente, así como del resto de órganos éticos, de transparencia e incluso de la propia asamblea.
Las reclamaciones y denuncias sociales internas acaban en la basura invariablemente a consecuencia de la aplicación de sus instrucciones al departamento legal que dirige Pere Lluís Mellado, del todo precisas: el socio tiene derechos estatutarios que, si pretende ejercer, debe reclamar ante la justicia.
Es decir, que si un socio quiere interpelar a la junta porque, por ejemplo, como compromisario ni se le permite entrar en la asamblea ni telemáticamente intervenir ni siquiera votar, como ha pasado en el caso de centenares de propietarios del club, el único camino es, primero, agotar la vía interna, es decir esperar meses y meses a que se tramite su queja a la Comisión de Disciplina, que, por cierto, preside Josep Cubells, directivo y ejecutor en directo de las prácticas asamblearias más inconfesables y antidemocráticas, y con el tiempo interpretar que el silencio administrativo abre la puerta de la vía civil.
Y a partir de este punto, para el socio aplastado, marginado y pisado por la directiva, no hay más remedio que poner dinero de su bolsillo para costear a un abogado y a un procurador que formalicen una demanda que la directiva de Laporta ya se encargará de eternizar poniendo trabas y retrasos en cada diligencia documental. Desistir, resignarse y girar hoja es lo más sensato porque, a diferencia de cuando Laporta emergía como opositor a cualquier presidente (menos de Joan Gaspart), la prensa y la caja digital barcelonista secundaban ciega y efusivamente su labor de erosión.
Laporta siempre gana estas batallas, controlando los resortes propios del poder a su alcance. En la práctica, inmunidad e impunidad, no sólo mediática. Puede saltarse sistemáticamente la ley, las normas, los estatutos del Barça y cualquier regla sin que fiscales, policías, jueces, ciudadanos y socios se atrevan a impedir sus atrocidades.
Tampoco hay en el horizonte ningún «Donald Trump» con la determinación, audacia y los recursos para capturarlo, extraditarlo y llevarlo ante un tribunal mediante el uso de sus propias armas, es decir, prescindiendo de la meticulosidad y el rigor de las exigencias del ordenamiento jurídico y de los más elementales derechos democráticos.
Laporta y su entorno no dudaron, en cambio, como ha denunciado el ex comisario Villarejo, en colaborar con las cloacas del Estado y el poder oscuro del Palco del Bernabéu para encerrar en prisión a Sandro Rosell, con la ayuda incluso de una magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, hoy recompensada con un cargo en el Tribunal Supremo.
A Bartomeu, una semana antes de las elecciones de 2021, los Mossos d’Esquadra, cuerpo al que Laporta ha fichado después a varios mandos con el generoso dinero de los socios del Barça, lo detuvieron, registraron, encarcelaron y enmanillaron para llevarlo ante el juez sin orden judicial por el presunto delito de enviar tuits.
Muestra de esta superioridad totalitaria y franquista del laportismo es que el principal y más legitimado jefe de la oposición, Víctor Font, acaba de recurrir a un artículo de The New York Times para, parapetado en el prestigio de su cabecera, señalar y subrayar los engaños de Laporta en, al menos, diez temas (desde las comisiones a Darren Dein y el caso ISL hasta la licitación de Limak) sin haber movido ni un dedo para impedirlos y denunciarlos ante la ley.
La debilidad y el miedo de la oposición refuerzan el dominio abusivo y la dictadura laportista que, sobre todo en las asambleas, han sido «venezolanas» y lo seguirán siendo.
Ni el actual Gobierno progresista de la Generalitat, que debería defender los derechos elementales de los socios del FC Barcelona, se ha atrevido a modular el Decreto-ley 31/2020, de 8 de septiembre del Deporte de Cataluña, que introduce la posibilidad de que los órganos de gobierno de las entidades deportivas catalanas «se puedan reunir y adoptar acuerdos a distancia siempre que sus estatutos no lo prohíban». El artículo 31 bis, en concreto, es el que mantiene la habilitación para realizar asambleas telemáticas en clubes y entidades deportivas más allá de la fase aguda de la pandemia y que, por tanto, da cobertura a Laporta para impedir el acceso presencial a los socios del Barça en una interpretación salvaje y fascista que el Gobierno autoriza.
Y lo mejor para Laporta es que, si así lo necesita y desea, puede imponer el voto por correo en las próximas elecciones. Si lo hará, o no, sólo dependerá de si ha sido capaz de instrumentalizar miles de votos de socios que, se sospecha, han sido dados de alta provenientes de determinadas organizaciones como Òmnium Cultural y que, según estos rumores que circulan por las redes, podrían aportar hasta 7.000 votantes laportistas. Un ‘cojín’ electoral que podría necesitar para haber enfadado tanto a las Peñas, la Grada de Animación y no pocos abonados que han sufrido un maltrato extremo en Montjuïc durante más de dos años y ahora de vuelta al Spotify.
