En 1979 hubo 18.916.900 días de huelga, participaron 5.713.200 trabajadores con una población ocupada de 12.596.360 personas. En 2024 se registraron 703.178 días de huelga con 231.739 trabajadores participantes dentro de una población ocupada de 21.684.700 personas. Es un indicio de los avances en la transición, de la parálisis siguiente y el retroceso actual.
Lo que los trabajadores consiguen y mantienen mediante su movilización, organización y ayuda mutua, perdura y se consolida; lo otorgado no. La duración media de los contratos de trabajo en 2024 fue de 45 días, 8 menos que en 2021.
La prosperidad compartida, la gobernanza elegida y un proyecto de futuro eran la ilusión que ofrecía el sistema liberal. El neoliberalismo —con la disrupción tecnológica privativa, la globalización mezquina, el oligopolio y la aparición de populismos rupturistas— enriquece obscenamente a unos pocos, impide que el progreso beneficie a todos, derrumba la promoción social y profesional e imposibilita la gestión autónoma de vidas y comunidades.
El centro de trabajo se diseña segmentado para desunir a los trabajadores vinculándolos a empresas distintas, con escasos plazos de amortización para facilitar la deslocalización e infundir miedo. Se automatizan y simplifican los puestos de trabajo para que los trabajadores sean sustituibles y desechables. La mano de obra humana puede correr la misma suerte que los caballos: innecesaria para la producción moderna.
Los empleos estables, con sueldos decentes y oportunidades para progresar y hacer carrera, escasean incluso para los que tienen un título universitario. Se suprime el salario personal, se percibe lo que asignan al puesto de trabajo según valoren la exigencia mínima para desempeñarlo. El robot es el equivalente perfecto del trabajo esclavo: cualquiera que compita con un esclavo tendrá que aceptar la equiparación.
Se presumen derechos ilimitados —civiles, nacionales, biológicos— que pasan a ocupar el centro del discurso mientras la situación real de los trabajadores se deteriora.
Todo ello explica en gran medida el resentimiento de las clases populares contra las élites, —que crece desorganizado e insolidario—, contribuye al distanciamiento político, inclina hacia soluciones sencillas de extrema derecha para problemas complejos y culpabiliza a migrantes, personas empobrecidas y, pronto, a los pensionistas.
El escritor inglés H. G. Wells anticipaba en La máquina del tiempo una distopía futurista en la que la tecnología segrega tanto a la humanidad que esta evoluciona en dos especies separadas: unos, en el secreto de la tecnología y las finanzas; otros, pendientes de la renta básica, la legalización de la marihuana y el entretenimiento adocenado.
La cuestión que quizá tenga más importancia cuando hablamos de tecnología es la capacidad de decisión. ¿Las herramientas digitales se diseñan para la vigilancia, la automatización exclusiva y la recopilación de datos con los que manipular el comercio y la política? ¿O para ayudar a los trabajadores y complementar sus capacidades? ¿Para generar una desigualdad implacable o una prosperidad compartida? El modo en que se utilicen y de la dirección que adopte la innovación depende de quienes toman las decisiones.
No se puede cambiar el rumbo de la tecnología sin revitalizar o crear poderes compensatorios que eviten el “diseño por genios para que lo usen idiotas” y la implantación de máquinas y programas informáticos que empoderan a los dueños y arrinconan a los trabajadores.
Nos dirigimos hacia una mayor desigualdad no porque sea inevitable, sino por las decisiones de quién ostenta el poder en la sociedad y el rumbo que toma la tecnología. Sin la intervención de unos sindicatos fuertes, la clase trabajadora no tendrá voz ni voto sobre la dirección que debe tomar la tecnología que condiciona la vida humana.
El origen de nuestros problemas actuales está en el enorme poder político, económico y social que tienen un puñado de empresas, sobre todo las del sector tecnológico y financiero, que se adueñan hasta de los gobiernos democráticos.
Tres principios componen la fórmula para escapar de nuestra difícil situación actual. Uno: cambiar el discurso insolidario y las normas privatizadoras. Dos: promover los poderes compensatorios, especialmente el sindicato de clase. Tres: impulsar soluciones políticas que transfieran el poder de los accionistas a los trabajadores.
