El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes modificar la ordenanza de civismo, con los votos a favor del PSC, Junts y ERC, mientras que el PP se ha abstenido y BComú y Vox han votado en contra.
El nuevo texto, surgido de un pacto entre el ejecutivo socialista de Jaume Collboni y los representantes juntistas y republicanos, introduce nuevas conductas incívicas y endurece las sanciones, que serán de hasta 3.000 euros por las rutas alcohólicas y de hasta 1.500 euros por los botellones que se hagan en zonas donde hay menores o que puedan incitar al consumo de alcohol entre los menores.
Con esta actualización, acordada 20 años después de la aprobación de la ordenanza de civismo hasta ahora vigente, también se pretende acelerar el cobro de las multas, especialmente en el caso de los turistas, y la detección de los reincidentes.
Para hacer efectivo el cobro de multas, la Guardia Urbana llevará datáfonos para que los turistas extranjeros paguen en el mismo momento a pie de calle. En cuanto a los residentes en España, los agentes solo podrán cobrar les podrán cobrar la sanción al momento si es leve.
Además, se refleja un compromiso para ampliar el abanico de medidas alternativas a la sanción y otro de trabajar para prohibir la promoción del consumo de productos cannábicos ilegales en el espacio público.
La reforma de la ordenanza de civismo incluye total o parcialmente un 34% de las 202 alegaciones formuladas, entre ellas la aporofobia como eje discriminatorio y la reducción de doce a seis meses de los informes de evaluación de la ordenanza.
Collboni defiende que la ordenanza es «progresista»
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que la nueva ordenanza es «progresista» porque «protege a quien más sufre el incivismo», refiriéndose a los barrios populares y al comercio de proximidad. Por su parte, el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha indicado que se ha hecho «con el máximo consenso posible» y ha defendido que «combina de forma equilibrada» el endurecimiento de las sanciones con el refuerzo del cobro efectivo de las multas y la «mirada social».
El líder de Junts per Barcelona, Jordi Martí, ha manifestado que están «razonablemente satisfechos con el objetivo alcanzado» con la reforma de la ordenanza, de la que ha dicho quiere poner fin al «descontrol» en la ciudad. «Quizás no es perfecta, pero seguro que es mejor que la que teníamos, de difícil aplicación y que sancionaba también a personas en situación de vulnerabilidad», ha considerado el concejal de ERC Jordi Coronas.
En cambio, el concejal de BComú Marc Serra ha criticado que la reforma es «muy continuista» con un «modelo fracasado» e «ineficaz», aduciendo que la mayoría de las sanciones se impondrán a personas en situación de vulnerabilidad. Tanto PP como Vox han expresado rechazo por la reforma, que consideran más aparente que efectiva.
