El Tribunal Supremo ha dictado resolución de ejecución de la sentencia dictada por la sala de lo penal el pasado 9 de diciembre, que condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y una indemnización de 10.000 euros.
El Supremo requiere a García Ortiz el abono la multa y la indemnización, impuestas porque lo consideró culpable de un delito de revelación de secretos, por la filtración del correo con el que el abogado de Alberto González Amador, empresario investigado y pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía haber cometido fraude fiscal y pretendía negociar con el Ministerio Público.
Además, la resolución conocida este miércoles establece que se devuelven los objetos intervenidos en la causa.
