La plataforma vecinal Airenet ha pedido cuatro años de prisión para Francesc Rosa, exjefe de explotación la incineradora Tersa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), por un delito medioambiental. Además, quiere que se le imponga una multa de 12.000 euros de multa y un año de inhabilitación para trabajar en plantas de residuos.
El escrito de calificación de Airenet sostiene que Rosa «permitió y consintió que la planta operara de manera sistemática al margen de los parámetros exigidos por la normativa ambiental, tolerando un funcionamiento anómalo de las instalaciones que generó un riesgo grave para la salud de las personas residentes en torno a la incineradora».
La acusación ejercida por esta plataforma considera a Rosa el principal responsable del funcionamiento ordinario de la incineradora de Tersa y del control de los riesgos ambientales y para la salud. Según argumenta, como jefe de explotación tenía la obligación de garantizar que la instalación operara dentro de los límites legales y con un control riguroso del proceso de incineración, para evitar la emisión de sustancias altamente contaminantes a través de la chimenea.
Airenet atribuye a Rosa incumplimientos graves, especialmente el hecho de no alcanzar de manera continuada las temperaturas exigidas para destruir dioxinas y furanos, entre 800 y 1.140 grados, con un mínimo de 850 grados durante dos segundos. Según la entidad, bajo su responsabilidad se quemaron residuos por debajo del umbral legal desde 2017, utilizando un sistema de control no autorizado y poco fiable, con datos erróneos que impedían garantizar la destrucción de los contaminantes.
El escrito recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las dioxinas y los furanos entre las sustancias más tóxicas, y vincula su emisión a graves efectos sobre la salud, incluido el cáncer. También cita un estudio de la Universidad Rovira i Virgili (URV) que apunta a un riesgo oncológico tres veces superior en Sant Adrià que en Barcelona y Badalona.
La causa, inicialmente archivada, la reabrió la Audiencia de Barcelona, mientras la planta, operativa desde 1975, mantiene una autorización ambiental para quemar hasta 360.000 toneladas anuales, un límite que la Fiscalía, que pide la misma pena de prisión para Rosa, sostiene que se superó en los años 2016 y 2017.
El Supremo archivó el caso para Eloi Badia
El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo archivó la causa contra el diputado de Sumar en el Congreso y exconcejal de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona Eloi Badia, relativa también al exceso de contaminación de la incineradora.
En la línea de la Fiscalía, el tribunal consideró que no había suficientes indicios de que Badia conociera las irregularidades técnicas y la quema de residuos a temperaturas inadecuadas. Por ello, decidió devolver el caso al juzgado de Badalona para que continuara la investigación contra el jefe de explotación de la planta.
