El Gobierno de España ha sancionado a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar pisos turísticos sin licencia, con un número de registro que no corresponde o con información incorrecta sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones. Concretamente, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado un total de 65.122 anuncios en la plataforma que corresponden a viviendas turísticas que incumplen la normativa. La multa es firme después de que se haya agotado la vía administrativa.
La resolución hecha pública este lunes implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta. En un comunicado, el Gobierno español ha recordado que publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia contraviene las obligaciones impuestas a la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.
Por todo ello, la sanción se eleva a 64.055.311 euros, un total equivalente a seis veces el beneficio «ilícito» obtenido por Airbnb durante el tiempo en el que permanecieron publicados los anuncios desde la advertencia formulada por parte del ministerio hasta su retirada por la plataforma. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había apoyado previamente la orden de retirada dictada por el ministerio en diferentes actuaciones.
«Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos cuantos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de su casa», ha manifestado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, señalando que «ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley».
