La Unión Europea ha aprobado el nuevo reglamento de retornos, que permitirá crear centros de deportación en terceros países para migrantes con órdenes de expulsión, siempre que los estados socios garanticen el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. La iniciativa, inspirada en el acuerdo del Gobierno de Italia con Albania, ha recibido el apoyo de una mayoría de gobiernos europeos, mientras que el Gobierno de España ha votado en contra. El texto, pieza pendiente del Pacto de Migración y Asilo, deberá negociarse ahora con el Parlamento Europeo para su aprobación definitiva.
El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado el voto contrario asegurando que el reglamento genera «muchas dudas» en materia de derecho internacional humanitario y que la decisión es «prematura». Ha remarcado que hay elementos negociables, pero que en cuestiones de valores existe una «línea roja». Por contra, el ministro de Inmigración de Dinamarca, Rasmus Stoklund, responsable de las negociaciones, ha celebrado el acuerdo afirmando que las nuevas medidas ayudarán a reducir las llegadas irregulares y acelerarán las deportaciones, recordando que «tres de cada cuatro migrantes irregulares» con órdenes de retorno continúan en la UE.
El reglamento incorpora la opción de pactar centros de deportación fuera del territorio europeo, nuevas obligaciones para personas en situación irregular —como mantenerse localizables y facilitar datos biométricos— y medidas específicas para aquellas que supongan un riesgo para la seguridad, incluyendo prohibiciones de entrada indefinidas. También crea la orden europea de retorno (ERO), que permitirá compartir decisiones de expulsión entre estados miembros a través del sistema de información de Schengen. Sin embargo, el reconocimiento mutuo no será obligatorio hasta que la Comisión Europea avale el sistema dos años después de su entrada en vigor.
