El Gobierno de España se abstendrá en la votación del mecanismo de solidaridad del Pacto de Asilo y Migración de la UE, que permite a los estados con más presión migratoria —como España, según la Comisión Europea— pedir reubicaciones y apoyo financiero. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado la posición reclamando que se mantengan las 30.000 reubicaciones anuales previstas en el pacto aprobado en 2023, y no las 21.000 que propone la presidencia del Consejo de la UE. Según él, solidaridad y «responsabilidad» deben ir juntas y los «países de primera entrada» no pueden asumir solos la gestión de las llegadas durante «un tiempo amplio».
Marlaska también ha anunciado que España votará en contra de la directiva de retornos, que plantea la creación de centros de deportación fuera de la UE, y de la directiva sobre terceros países seguros. Ha cuestionado que estas normas puedan respetar «el ordenamiento internacional», especialmente en cuanto al funcionamiento y la legalidad de los espacios de deportación extracomunitarios. Además, ha alertado de que algunas medidas, como la ampliación del tiempo de internamiento de los migrantes, podrían vulnerar «la proporcionalidad».
El ministro ha remarcado que «estas circunstancias no conjugan con lo que debe ser el respeto al derecho internacional y, concretamente, con los valores de la UE», asegurando que la postura española será «negativa». Según Marlaska, hay «muchas dudas» de que la directiva de retornos sea compatible con la ley humanitaria internacional, por lo que España defiende mantener una posición crítica en las negociaciones.
