El Tribunal Supremo ha archivado la querella que interpuso Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y la ministra de Defensa, Margarita Robles; por haber pagado los billetes de avión que hicieron posible la repatriación de activistas de la Flotilla Global Sumud.
El auto, conocido este jueves, concluye que no concurren los elementos típicos de los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación en el gasto señalado en la querella, con el que no sólo se facilitó el retorno de los activistas españoles detenidos a Israel, sino también el envío de un barco de apoyo a la zona.
De hecho, la resolución apunta que los hechos «se circunscriben a decisiones gubernamentales legítimas dentro de las competencias constitucionales en política exterior y defensa». El Supremo tampoco considera acreditada la existencia de «indicios racionales» de delito y, en cambio, encuentra que la querella «responde a un propósito político sin base fáctica penalmente relevante«.
Sobre el despliegue del barco, en particular, afirma que «no constituye desviación de fondos, sino un acto político y operativo amparado en competencias constitucionales». Asimismo, manifiesta que la fiscalización de esta cuestión corresponde al ámbito parlamentario o político.
En cuanto a los billetes de avión, sitúa esta actuación dentro de una función consular legítima y de protección diplomática del Estado, así como de la orden que regula ayudas excepcionales de repatriación por razones humanitarias o de interés público.
