El último pleno municipal de Ripoll ha tenido un final abrupto e inesperado. Pocos minutos después de las diez, toda la oposición decidió abandonar la sala Eudald en bloque, dejando la sesión suspendida de facto. El detonante fue el debate sobre la nueva relación y valoración de puestos de trabajo (RLT) del Ayuntamiento, un punto clave que desembocó en una tormenta política.
La propuesta del gobierno de Alianza Catalana (AC), liderado por la alcaldesa Sílvia Orriols, llegaba al pleno con cierto consenso previo. El documento, elaborado por la empresa Daleph y negociado con los trabajadores, contaba inicialmente con la «complicidad» de ERC, que quería votar a favor, mientras que el resto de grupos se planteaban la abstención. Esta aritmética habría permitido aprobar la medida sin problemas.
«Queremos unanimidad»
Sin embargo, la tensión estalló cuando los grupos de la oposición alegaron que habían recibido la documentación demasiado tarde y que no habían tenido tiempo material para estudiarla a fondo. Ante esto, la alcaldesa Orriols dio un giro inesperado: anunció que retiraría el punto del orden del día si no se aprobaba por unanimidad.
Orriols justificó esta exigencia por la magnitud de la decisión económica, que supone un gasto de 400.000 euros y tendrá vigencia durante los próximos siete años. «Queremos unanimidad porque no sabemos quién gobernará después de las próximas elecciones«, sentenciaron la alcaldesa, apelando a la corresponsabilidad de todos los grupos.
«Chantaje» político
La exigencia de Orriols no fue bien recibida. Los portavoces de la oposición acusaron a la alcaldesa de hacerles «chantaje» político. Finalmente, todos los grupos manifestaron que se abstendrían en la votación. Ante la falta del apoyo unánime reclamado, el gobierno dejó la propuesta sobre la mesa. La reacción fue inmediata: los concejales de la oposición se levantaron y se marcharon de la sala. .
La marcha de los concejales dejó el pleno inoperativo para el resto de puntos. Sólo quedaron los seis concejales del equipo de gobierno de AC, lo que impidió debatir con normalidad el resto del orden del día. No hubo turno de ruegos y preguntas y quedó pendiente una modificación del Plan General.
La aprobación de la RLT era una de las apuestas del gobierno municipal. Según defendió Orriols, el objetivo era «retribuir al personal según las funciones» y reducir «figuras innecesarias». La propuesta, consensuada según la alcaldesa con todos los sectores, preveía favorecer al 80% de la plantilla con una nueva ordenación de nóminas y complementos que debía aplicarse progresivamente.
