Cristóbal Martell, el abogado del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, de su hijo Jordi Pujol Ferrusola y de otros hijos del expresidente, ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) que traslade la causa por supuesta corrupción contra la familia Pujol a la Audiencia de Barcelona. Considera que la AN no es competente en esta causa, ya que los presuntos delitos no se produjeron en el extranjero, en Andorra, sino en España.
En el trámite de las cuestiones previas, Martell ha hecho varias alegaciones pidiendo la prescripción de dos delitos fiscales para el hijo mayor, de 2007 y 2008; la anulación de varias pruebas obtenidas en registros; atenuante por dilaciones indebidas; la admisión de más testigos y el traslado de la causa a la Audiencia de Barcelona. En defensa sobre todo del hijo mayor de la familia, Martell ha reconocido que ya hay tres resoluciones judiciales denegando la petición de traslado a la Audiencia de Barcelona, pero cree que ahora es el momento de volver a pedirlo porque es cuando se puede producir la vulneración del derecho al juez predeterminado por ley.
En este sentido, el abogado de la familia Pujol ha recordado que el dinero procedía de España y que la supuesta asociación ilícita también se habría producido en Cataluña, aunque los fondos acabaran en Andorra. Martell también ha criticado que no se aceptaran como testigos los agentes de la llamada policía patriótica que habrían destapado el caso, y ha pedido la nulidad de la entrada y registro en el despacho de un asesor fiscal de los Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté, así como de las pruebas allí obtenidas.
Vulneración del derecho de defensa
Por otro lado, la defensa de la familia Pujol Ferrusola ha acusado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado de vulnerar el derecho de defensa de los acusados, ya que las acusaciones son muy poco «concretas». «Una acusación inconcreta no es acusación», ha criticado Martell.
En este sentido, el abogado ha asegurado que en los escritos de acusación no aparecen detalles de las supuestas adjudicaciones públicas irregulares a cambio de comisiones de empresarios. «¿Qué concursos? ¿Qué resolución? ¿Qué mesa de contratación? Es el mínimo de concreción imprescindible para que la defensa pueda aportar pruebas de descargo», ha añadido.
En este sentido, ha indicado a los magistrados que no encontrarán en la causa pliegos administrativos ni adjudicaciones sospechosas, así como tampoco una empresa afectada negativamente por estas adjudicaciones supuestamente irregulares. Por ello, ha pedido la admisión de varios testigos denegados por el tribunal, como serían los funcionarios implicados en las adjudicaciones.
Por su parte, Jaime Campaner, el abogado de Josep Pujol, ha reiterado algunos de los argumentos de Martell, pero ha puesto más énfasis en la nulidad del inicio de la investigación contra los Pujol. Así, ha puesto en duda la legalidad de la filtración de los datos bancarios de la familia en Andorra, publicados por el diario poco antes de la confesión pública del expresidente. De hecho, ha recordado que la justicia andorrana está investigando penalmente esta vulneración del secreto bancario.
Por otro lado, Campaner también considera ilegales varias pruebas como la declaración ante la Policía Nacional de la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, captada por el excomisario José Manuel Villarejo.
Persecución del independentismo
Francesc Sànchez, el abogado de Oriol Pujol Ferrusola, ha vinculado el juicio contra los Pujol al proceso independentista y ha dicho que si los Pujol fueran como la pareja de la presidenta de Madrid, la Fiscalía habría querido pactar. Además, ha pedido que el Consejo de Ministros desclasifique documentos de la operación Cataluña.
«Si fueran otras personas, y se llamaran González Amador, tendrían un intercambio con el fiscal, pero se llaman Pujol», ha manifestado, en referencia al caso por el que se ha condenado al antiguo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Sànchez ha destacado que «el aparato del Estado» buscaba influir en el momento político que se daba en Cataluña cuando se produjeron los hechos, y ha aseverado que «es ilícito desde el principio el procedimiento y las pruebas obtenidas», recordando el papel de Victoria Álvarez, examante del hijo mayor de Pujol.
«No se le puede perseguir por blanqueo de capitales, por fraude fiscal. El blanqueo de capitales necesita una acción delictiva previa», ha apuntado el abogado, que ha dicho que los dos delitos que se le imputan a Oriol Pujol -asociación ilícita y blanqueo de capital- están ya prescritos.