Las denuncias y las presiones del alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, han logrado su objetivo y, finalmente, el Gobierno de Andorra ha anunciado la adopción de medidas legales para acabar con el fenómeno de los “falsos transfronterizos”. Se trata de trabajadores extracomunitarios que viven en la zona de la Seu d’Urgell y obtienen permiso de trabajo en Andorra, a pesar de encontrarse en situación irregular en España.
Esta situación tiene un fuerte impacto en la Seu d’Urgell, que ha visto tensionar su mercado de viviendas y que tiene que asumir los servicios públicos que necesita esta población sobrevenida. Además, la administración municipal y catalana también se tienen que hacer cargo de trabajadores inmigrantes que, una vez han acabado su contrato en Andorra, optan por quedarse a vivir en la zona del Alt Urgell y la Cerdaña, y de aquellas familias extranjeras –mayoritariamente latinoamericanas– que son obligadas a marchar del Principado porque no tienen los ingresos salariales mínimos que ha fijado el Gobierno.
Esta situación ha crispado las relaciones del Ayuntamiento de la Seu d’Urgell con el Gobierno andorrano en los últimos meses, y el alcalde Joan Barrera ha manifestado en numerosas ocasiones su indignación. El Gobierno español, a través de su Delegación del Gobierno en Cataluña y de la embajada de España en Andorra, también se ha involucrado activamente en las gestiones para acabar con esta bolsa de fraude.
Modificación de la ley de inmigración
La prohibición de los “falsos transfronterizos” en Andorra se incluye en el proyecto de ley de continuidad de las medidas para el crecimiento sostenible, presentado por las ministras Conxita Marsol y Ester Molné. El texto incorpora un nuevo artículo 45 bis a la ley de inmigración, que establece que, si el permiso implica pernoctar fuera de Andorra, habrá que acreditar la residencia legal en el país de residencia.
Además, se modificará el artículo 56 para añadir un párrafo que permitirá denegar el permiso si se comprueba que se ha obtenido en fraude de ley, si no se cumplen las condiciones iniciales, o si han desaparecido los requisitos de alta calificación o de salario que justificaron una excepción.
Contratación en origen
El proyecto de ley también introduce una nueva modalidad de permiso temporal basada en la contratación en origen. Esta fórmula prevé la tramitación colectiva de los contratos en el país de origen de los trabajadores, con la participación de uno o varios empleadores.
Tal como ha explicado la ministra de Interior, la nueva vía requerirá un despliegue reglamentario. Paralelamente, el texto legal incorpora nuevas infracciones que pueden comportar la retirada del permiso de residencia o trabajo. Entre las nuevas causas de revocación está el hecho que un trabajador temporal supere las 52 horas semanales en conjunto, o trabaje más de 12 horas en ocupaciones o sectores diferentes de los autorizados. También se podrá retirar el permiso si se incumplen los requisitos legales o si los estudiantes no cumplen con sus obligaciones académicas.
Sistema Entry/Exit
En este sentido, el delegado del Gobierno español en Cataluña, Carles Prieto, ha señalado que “tenemos que ordenar todo el ámbito de relaciones entre Andorra y España, en el cual todavía hay elementos pendientes”. Entre estos flecos todavía pendientes, se encuentra el control migratorio. “Hay falsos trabajadores transfronterizos que técnicamente tienen residencia y permiso de trabajo en Andorra, pero viven en la Seu d’Urgell, por ejemplo […] Esto lo está pagando el Gobierno español, especialmente la Generalitat de Cataluña, que es quien tiene estas competencias transferidas”, ha lamentado.
Además, Carles Prieto ha advertido que, en caso de salir adelante esta medida, se tendrían que implementar nuevos requisitos como el sistema Entry/Exit (EES), que sustituye los sellos físicos en los pasaportes por un registro digital de las entradas y salidas de los ciudadanos extracomunitarios. “Una vez has entrado en el sistema, se sabe perfectamente cuándo entras y cuándo sales, y esto permite conocer la procedencia y el seguimiento de cada persona”, ha afirmado.
El delegado del Gobierno español se ha mostrado optimista sobre la posibilidad que el aeropuerto de Andorra-La Seu pueda integrarse en el espacio Schengen, pero ha puntualizado que esta opción “dependerá de un paquete de negociación política más amplio” vinculado al Acuerdo de asociación con la Unión Europea y a la implementación del sistema Entry/Exit. Según ha explicado, esta habilitación requerirá cumplir requisitos en materia de seguridad, fiscalidad, aduanas y control fronterizo, puesto que “un aeropuerto de carácter internacional que pueda acoger vuelos de fuera del territorio Schengen tiene que garantizar una serie de exigencias en materia de seguridad, incluyendo puntos de inspección fronteriza si hay productos procedentes de fuera de la zona Schengen”.
