El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles a tramitar la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia, iniciativa que estaba bloqueada en el Congreso desde hace un año, después de que PSOE y Sumar ampliaran en 14 ocasiones el periodo de enmiendas. Antes de su ruptura, Junts había insistido a los socialistas en que descongelaran la tramitación de esta norma y de otra iniciativa contra los empleos.
Sánchez ha hecho el anuncio durante la sesión de control en el Congreso este miércoles, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que le ha instado a impulsar medidas contra la multirreincidencia y a tramitar la iniciativa de Junts en esta materia. En su respuesta, Sánchez ha sido tajante: «No tenga ninguna duda de que el gobierno y el PSOE están dispuestos a tramitar esta iniciativa legislativa y a culminar lo que pueda hacerse desde el poder legislativo para afrontar uno de los principales problemas que tiene este país cuando hablamos de la seguridad, que es la multirreincidencia».
En este sentido, el jefe del ejecutivo español ha aseverado que su gobierno se toma «muy seriamente la seguridad», y ha recordado ha sido el primero en modificar la ley para endurecer las penas por multirreincidencia en caso de hurtos leves, y para asegurar la implementación ha reformado el sistema de registro para que los jueces puedan conocer rápidamente el importe sustraído.
La proposición de Junts
La proposición de ley de los posconvergentes plantea medidas para que se pueda aplicar la anterior modificación de 2022 de los artículos 234 y 235 del Código Penal para introducir el agravante de multirreincidencia, de manera que los hurtos de menos de 400 euros (que antes no comportaban prisión) puedan ser castigados con penas de 1 a 3 años en caso de que el delincuente haya sido condenado al menos tres veces por delitos similares.
En este sentido, modifica la regulación del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia en relación con la información de sentencias firmes y medidas cautelares. Se trata de que el expediente recoja no sólo los hechos delictivos anteriores, sino también su importe. Hasta ahora el importe no aparecía y nunca entraba en juego la modificación de 2022.
También incluye una nueva tipificación para castigar más severamente el robo de dispositivos tecnológicos. En concreto, propone modificar el artículo 235 del Código Penal para imponer penas de 1 a 3 años de prisión por el hurto de móviles y ordenadores. El texto recuerda que estos dispositivos no sólo tienen valor económico, sino también personal, por la información delicada que contienen.
Además, propone un aumento del número de jueces de adscripción territorial en Cataluña para que pase de 35 a 70, y abre la puerta a que los ayuntamientos puedan intervenir en procesos penales relacionados con delitos leves como el hurto, un cambio que tiene como objetivo una respuesta más rápida y efectiva ante la multirreincidencia.
