La ruptura de Junts con el PSOE deja en el aire el futuro de las personas a las que la formación posconvergente ha conseguido situar en instituciones públicas españolas gracias a los pactos con los socialistas. Por ahora, los distintos perfiles vinculados al partido continúan ocupando cargos relevantes en organismos y empresas de titularidad estatal, como RTVE, Aena, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Enagás o Renfe.
El primer fichaje fue el del comunicador Miquel Calçada, «Mikimoto», en el consejo de administración de RTVE a propuesta de Junts, con un sueldo de 105.000 euros anuales. Tras el fichaje de Mikimoto, el exconsejero de Empresa y Conocimiento Ramon Tremosa dejó el Ayuntamiento de Barcelona para entrar en el consejo de administración de Aena, empresa pública contra la que ha cargado en múltiples ocasiones por su «gestión centralizada». Según el informe anual sobre remuneraciones de Aena, los consejeros no ejecutivos percibirán este 2025 una remuneración de 1.090,36 euros como dieta por asistencia a cada reunión del consejo, hasta un máximo de 11.994 euros anuales.
A los casos de Mikimoto y Tremosa se suma el de Pere Soler, director general de los Mossos d’Esquadra durante el referéndum del 1-O y actual consejero de la CNMC, con un sueldo de 124.107 euros anuales. También está el caso de Elena Massot, empresaria inmobiliaria y expresidenta de la Fundación de Empresarios de Cataluña (FemCAT), designada miembro del consejo de administración de Enagás, un cargo por el que recibe un sueldo de 75.000 euros anuales.
El último fichaje ha sido el del economista y miembro de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Eduard Gràcia en Renfe, quien ha pasado de criticar el mal funcionamiento de Rodalies (Cercanías) a ocupar una silla en el consejo de administración de la compañía estatal que gestiona gran parte del servicio ferroviario en España, con una nómina de 125.000 euros.
Estas designaciones, que generaron controversia en algunos sectores del independentismo, se justificaron en el momento de su nombramiento como una manera de «asegurar presencia catalana» en los órganos estatales. Sin embargo, con la nueva crisis abierta entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez, la continuidad de estos cargos abre interrogantes sobre hasta qué punto los posconvergentes pueden mantener su influencia en estructuras del Estado.
Cuando Junts rompió con ERC en la Generalitat en 2022, muchos de los altos cargos posconvergentes mantuvieron sus posiciones a pesar de la ruptura, aunque algunos estuvieron sujetos a presiones y a críticas al considerarse su permanencia una contradicción con la decisión política de romper con ERC. Estos antecedentes hacen prever que podría repetirse una situación similar a nivel estatal tras la ruptura con el PSOE. Aunque no todos los cargos serán automáticamente afectados, ya que algunos tienen mandatos fijos, la ruptura abre un periodo de incertidumbre y posibles cambios a medio plazo.
Por ahora, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha descartado que la ruptura con el PSOE implique también la salida de los representantes del partido de los consejos de administración de empresas públicas españolas. Preguntada en Catalunya Ràdio sobre si sería coherente que estos cargos renunciaran, Nogueras respondió que «los nombramientos los hacen los consejos de administración» y que, en cualquier caso, «como oposición tenemos el deber de controlar al Gobierno».
En una entrevista con Ricard Ustrell, la tensión aumentó cuando el comunicador le preguntó si los cargos se mantendrían «aunque sea una poltrona». Entonces, la dirigente de Junts replicó que «poltronas podríamos decir que lo son todos», y remarcó que estos cargos son «puestos de control» ante un ejecutivo que, según dice, «no está cumpliendo con Cataluña»