El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, una propuesta con la que pretende ofrecer un sistema penal más «moderno y garantista» con un texto que sustituirá a la ley anterior, de 1882, y que será la primera normativa procesal penal de la democracia.
Entre los cambios previstos se contempla que la Fiscalía pase a ser la encargada de dirigir las investigaciones penales, como ya ocurre en la mayoría de los países de Europa. También se limita la figura de la acusación popular para excluir a los partidos y a las asociaciones vinculadas. Este punto no gusta al socio minoritario del Gobierno de España, Sumar, que ha advertido de que no lo apoyará.
El partido que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado que «trabajará para fortalecer la acusación popular e introducir más previsiones garantistas en la ley». El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reaccionado a este hecho lamentado la «ingenuidad» de Sumar, que defiende que a lo largo de los últimos años «este instrumento se ha demostrado imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político».
La reforma de la acusación popular, una de las novedades más controvertidas de la norma, pretende garantizar la participación ciudadana en los procedimientos que tengan una «repercusión social particular», siempre que se acredite un «vínculo legítimo» con el interés público que se pretende defender. No obstante, el Gobierno central apuesta por delimitar quién puede ejercer esta figura y dejar fuera a las personas jurídicas públicas, a los partidos políticos, a los sindicatos o a las asociaciones que dependan de ella.
Horizonte 2028
En caso de aprobarse, la propuesta que se envía al Congreso entraría en vigor el 1 de enero de 2028 y afectaría a los procedimientos iniciados a partir de esa fecha. Los que se hayan puesto en marcha antes del 1 de enero de 2028 se tramitarán según la ley actual. Por tanto, la nueva norma no afecta al actual fiscal general del Estado, cuyo segundo y último mandato finaliza en 2027.
Aparte de situar a la Fiscalía al frente de las instrucciones judiciales y de limitar la figura que puede ser acusación popular, la nueva ley prevé una simplificación de los procedimientos en cuestiones como los recursos, ya que se podrán impugnar los decretos más relevantes del fiscal directamente ante el juez de garantías. La organización y especialización de los fiscales, así como la flexibilidad para destinar a más de un fiscal investigador a determinadas diligencias, también aportarán más agilidad, según la previsión del ejecutivo central.
Además, la nueva ley incluye un refuerzo de las garantías procesales de la persona investigada en materia de medidas cautelares, especialmente la detención preventiva o la prisión provisional, con revisiones de oficio cada seis meses. También se aumentará la protección de los menores de edad, y de las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
